La participación ciudadana, ante todo, es un derecho. Aprendimos hace muchos años que la democracia no se reduce a votar cada dos años. Y además de ser un derecho, sirve para que las decisiones públicas contemplen diferentes miradas.

Para que quien gobierna escuche antes de decidir. Para que la sociedad organizada pueda decir lo que el mercado no dice y lo que la política, a veces, prefiere no escuchar. Y muy especialmente para controlar al poder de turno, cualquiera sea.

Cuarenta años de democracia argentina lo demuestran. Sin embargo, dos medidas recientes invitan a preguntarse si la sociedad civil organizada es, para este gobierno, más un problema que un activo.

La primera: el oficialismo impulsa en el Congreso un proyecto de ley de “gestión de intereses” que obliga a inscribirse en un registro que el Estado debe habilitar a todo aquel que intente “influir en una decisión pública”, e impone penas de hasta cuatro años de prisión para quien no lo haga.

La segunda: el gobierno modificó los decretos 222 y 588 del año 2003 y eliminó la participación ciudadana en el proceso de designación de jueces de la Corte Suprema, jueces inferiores, el Procurador y los fiscales. Ya no habrá un plazo de quince días para que ciudadanos, organizaciones o universidades presenten observaciones antes de que el Ejecutivo eleve un nombre al Senado.

Leídas juntas, la pregunta se vuelve más urgente.

Susana Trimarco perdió a su hija Marita Verón, secuestrada por una red de trata en 2002. Recorrió el país, golpeó puertas de legislaturas, se sentó ante comisiones del Congreso, exigió cambios a la ley, y los logró. Juan Carlos Blumberg perdió a su hijo Axel en 2004. A nueve días de enterrarlo, redactó un petitorio con propuestas concretas de reforma penal y se presentó ante el Congreso. Lo acompañaron ciento cincuenta mil personas en la calle. María Luján Rey buscó a su hijo Lucas entre los escombros del tren de Once. Lo encontró tres días después. Desde ese momento dedicó su vida a exigir condenas, reformas y políticas de seguridad vial. Fue al Congreso, habló con legisladores, presionó.

Ninguno tenía intereses económicos. Los tres intentaban influir en una decisión pública. Bajo la definición del proyecto que hoy avanza en comisión, los tres serían gestores de intereses, deberían registrarse igual que cualquier empresa con intereses económicos, y todos podrían ser pasibles de sanciones penales si no lo hacen, mientras que las sanciones a los funcionarios que no registren sus reuniones serían menores.

Una ley que equipara a Susana Trimarco con un lobista corporativo no es una ley de transparencia. Es una ley que no sabe -o no quiere- distinguir.

Los decretos 222 y 588 establecían algo simple: antes de que el Presidente enviara un candidato/a juez/a al Senado, la ciudadanía tenía quince días para presentar observaciones fundadas. El Presidente podía escuchar. Eso se eliminó. El Gobierno argumenta que la participación no desaparece porque el Senado mantiene sus propias audiencias ante la Comisión de Acuerdos.

Eso es cierto, pero no es lo mismo. Cuando el pliego llega al Senado, llega con el peso político de la decisión del Ejecutivo detrás. También desapareció, sin mayor debate, la recomendación de considerar diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional como criterios de selección. En un país federal, eso no es un detalle menor.

El patrón que forman estas dos medidas juntas es difícil de ignorar. Por un lado, se impulsa una ley que pone al Estado a controlar quién habla con un funcionario, o un asesor y sobre qué, bajo amenaza de cárcel. Por el otro, se suprime el espacio en que la ciudadanía podía ser escuchada antes de que se decidiera quiénes integran el Poder Judicial.

No estamos solos en esta discusión, y el mundo nos da ejemplos de lo que puede salir mal. Putin promulgó en 2012 una ley de “agentes extranjeros” que impuso cargas administrativas y requisitos de informes sobre cualquier organización con financiamiento externo. Desde entonces cerraron casi treinta organizaciones. Orbán copió el manual en Hungría: obligó a las ONG a etiquetarse públicamente como entidades “financiadas desde el extranjero”, hasta que la Unión Europea lo llevó ante la justicia.

En Nicaragua, una ley similar derivó en la cancelación de la personería jurídica de más de cinco mil organizaciones. Bukele hizo lo propio en El Salvador y la sociedad civil se redujo de manera significativa. En todos estos casos, la herramienta fue la misma: una ley que, bajo el argumento de la transparencia, convirtió a la sociedad civil organizada en un problema a controlar.

La participación ciudadana no es un complemento de la democracia: es parte constitutiva de ella. Y en democracia, a nadie hay que pedirle permiso para ejercerla.

Si estas medidas avanzan tal como están, el mensaje que reciben las Madres que marcharon cuarenta años, las organizaciones que destaparon casos de corrupción, los ciudadanos que piden por una mejor ley de acceso a la información, los que reclaman a sus legisladores por una vejez digna o un ambiente sano, es uno solo: que su actividad es un problema. Que organizarse para defender derechos es algo que el Estado necesita controlar por primera vez desde el regreso de la democracia, y que opinar sobre quién integra la Justicia es un privilegio que el Ejecutivo ya no quiere compartir.