La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por las irregularidades detectadas en la compra de medicamentos para el organismo durante la actual gestión. Se le atribuyeron al ex funcionario los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional, y cohecho pasivo.

Además de Spagnuolo, la Justicia también confirmó los procesamiento de 18 involucrados entre los que se destacan Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini, el segundo de Spagnuolo en la ANDIS. El fiscal también identificó como parte de las actividades delictivas, la existencia de “pagos indebidos" a funcionarios de la agencia “a cambio de asegurar, gestionar y garantizar la ejecución de las maniobras expuestas”.

Todas las acusaciones concurren con otro delito mayor: haber sido jefe de una asociación ilícita. El perjuicio ocasionado a través del direccionamiento de las compras de medicamentos, el beneficio a favor de unas pocas empresas y los sobreprecios en esas operaciones, es de 30.337.220.919,77 pesos.

Los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico entendieron que la maniobra investigada guardaba sustento en las pruebas reunidas por el fiscal federal, Franco Picardi y que fueron la base del procesamiento que dictó el juez Sebastián Casanello.

En este expediente se dio por corroborado que "ciertas personas" (funcionarios/as de la ANDIS y del sector privado vinculado al rubro de la salud), de manera coordinada y bajo "acuerdos espurios", “integraron una organización delictiva a los fines de cometer ilícitos que les permitió obtener amplias sumas de dinero de manera indebida, en perjuicio de la administración pública”.

Las maniobras afectaron a la población con discapacidad, "especialmente vulnerable, que goza de pensiones no contributivas y no posee otra cobertura de salud (lo que abarca a madres con 7 hijos, mayores de 70 años en situación de pobreza, entre otros”)”.

Entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 la agencia habría funcionado como “el centro de operaciones” de diversas actividades ilícitas; esto es, “como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia; como una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los funcionarios al mando; y, además, como una ventanilla administrada o co-gestionada por agentes externos con fuerte influencia en el sector de salud, especialmente droguerías y firmas de insumos de alto costo”.