La administración del gobernador de Florida, Ron DeSantis, dio un nuevo paso en su política de endurecimiento migratorio. La Junta Estatal de Educación aprobó una norma que prohibirá el ingreso de estudiantes indocumentados a las 28 universidades y colleges públicos del estado, una decisión que generó un fuerte rechazo entre organizaciones de derechos civiles, educadores y dirigentes demócratas.

La nueva regulación establece que solo podrán inscribirse en las instituciones públicas de educación superior quienes sean ciudadanos estadounidenses o se encuentren "legalmente presentes" en el país. La medida amplía las restricciones que Florida ya había impuesto el año pasado, cuando eliminó el beneficio de matrícula reducida para determinados estudiantes inmigrantes.

Los críticos sostienen que la decisión afectará a jóvenes que completaron toda su educación primaria y secundaria en Estados Unidos y que aspiraban a continuar sus estudios universitarios. También advierten que podría agravar la caída en la matrícula que atraviesan las instituciones públicas del estado y provocar pérdidas económicas estimadas en hasta USD 15 millones anuales por concepto de aranceles y otros ingresos.

Una medida cuestionada por su legalidad

Diversas organizaciones pusieron en duda la validez jurídica de la norma al considerar que fue aprobada por la Junta Estatal de Educación, cuyos integrantes fueron designados por DeSantis, y no mediante una ley sancionada por la Legislatura estatal.

Alexis Tsoukalas, analista senior del Florida Policy Institute, sostuvo que la función del organismo educativo es implementar la legislación vigente y no crear nuevas políticas migratorias.

"La elaboración de reglamentos debe servir para aplicar leyes ya existentes, no para crear nuevas políticas", afirmó durante una conferencia organizada por la Florida Immigrant Coalition.

Según la especialista, la decisión contradice incluso uno de los principales objetivos educativos impulsados por el propio gobernador: el programa "Sail to 60", presentado en 2019 con la meta de elevar al 60% la proporción de residentes de Florida con estudios superiores o capacitación técnica de alto valor.

La nueva regulación establece que solo podrán inscribirse en las instituciones públicas de educación superior quienes sean ciudadanos estadounidenses o se encuentren "legalmente presentes" en el país.

"La matrícula universitaria viene disminuyendo desde hace varios años y la situación continúa empeorando. No hay estudiantes esperando ocupar los lugares de quienes serán excluidos. Florida no podrá alcanzar sus objetivos educativos si cada vez menos personas acceden a la educación superior", advirtió.

El impacto sobre los llamados "Dreamers"

Uno de los testimonios más resonantes fue el de Alexander Vallejos, estudiante de Ciencias de la Computación en la Universidad de Florida Central (UCF) y beneficiario del programa DACA, conocido como "Dreamer".

Vallejos llegó a Estados Unidos con su familia cuando tenía un año y aseguró que la nueva norma envía un mensaje devastador para miles de jóvenes inmigrantes.

"Esta decisión les dice a los estudiantes que hicieron todo correctamente que su esfuerzo no alcanza y que sus sueños valen menos por algo que está completamente fuera de su control", expresó en diálogo con The Guardian.

El estudiante recordó que detrás de cada expediente académico hay historias personales de jóvenes que trabajan largas jornadas para pagar sus estudios y aspiran a convertirse en ingenieros, docentes, enfermeros o emprendedores.

"Solo quieren la oportunidad de salir adelante", afirmó.

Preocupación por las consecuencias económicas

Las críticas no provinieron únicamente de organizaciones defensoras de inmigrantes.

Luisa Santos, integrante electa del Consejo Escolar de Miami-Dade, advirtió que la decisión tendrá efectos negativos para todo el sistema educativo estatal.

Además de las pérdidas económicas estimadas en USD 15 millones, sostuvo que la prohibición contradice los esfuerzos realizados durante años por distintos distritos escolares para incrementar el acceso a la educación superior.

"Lo que más me preocupa es lo cruel, perjudicial e innecesaria que resulta esta medida", señaló en diálogo con el medio británico.

Santos, quien llegó desde Colombia cuando era niña, recordó que la decisión le hizo revivir la incertidumbre que experimentó durante su adolescencia.

"Sentía que, sin importar cuánto me esforzara, las oportunidades desaparecían frente a mí", explicó.

El respaldo republicano

El legislador Matt Gaetz incluso adelantó que, si fuera necesario, impulsará un proyecto de ley para incorporar formalmente la prohibición a la legislación estatal. Foto: REUTERS/Cheney Orr

Desde el Partido Republicano defendieron la decisión.

El senador estatal Don Gaetz afirmó que las universidades financiadas con fondos públicos deben estar reservadas para ciudadanos estadounidenses y extranjeros con presencia legal en el país.

"La cuestión es si los inmigrantes que están ilegalmente en Estados Unidos deben recibir educación superior financiada por los contribuyentes de Florida. En mi opinión, la respuesta es no", declaró al medio Florida Phoenix.

El legislador incluso adelantó que, si fuera necesario, impulsará un proyecto de ley para incorporar formalmente la prohibición a la legislación estatal.

La oposición demócrata

Desde la oposición demócrata, en cambio, calificaron la medida como discriminatoria y posiblemente inconstitucional.

La representante estatal Anna Eskamani, quien compite por la alcaldía de Orlando, intervino durante el período de comentarios públicos de la reunión de la Junta Estatal de Educación para expresar su rechazo.

"La intención de restringir el acceso de un joven a la educación superior por una situación migratoria que no depende de él es antiestadounidense y plantea serias dudas constitucionales", sostuvo.

Eskamani remarcó que la Legislatura de Florida nunca aprobó una ley que autorizara una restricción de estas características, por lo que considera que la Junta excedió sus facultades regulatorias.