Una manera de conmemorar los 25 años de la Carta Democrática Inter Americana (CADIA), adoptada en Lima el fatídico 11 de septiembre de 2001, sería activándola para restaurar la democracia en Nicaragua.

La CADIA es un instrumento normativo clave del multilateralismo interamericano, junto con la Convención Americana de Derechos Humanos, su Comisión y su Corte, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y la misma Carta Constitutiva de la OEA. Esencialmente, todos son compromisos de Estados Miembro para promover y defender la democracia representativa, los derechos humanos, la dignidad humana y la paz y seguridad del hemisferio.

Además, los Estados miembros han establecido en la CADIA que “los pueblos de las Américas tienen el derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. Desde su adopción, su marco normativo y procedimental ha sido utilizado con éxitos y fracasos: En Bolivia (2005, 2008), Ecuador (2005, 2010) y Nicaragua (2005) contribuyó a prevenir la ruptura del orden democrático (ver libro del autor: La OEA ante los Desafíos de la Democracia en las Americas, 2025).

En clave punitiva se la usó para suspender del organismo al gobierno que derrocó al presidente Zelaya en 2009. En Nicaragua (2014-23) y Venezuela (2013-2019) su aplicación no logró prevenir la ruptura del orden democrático y motivó el retiro de ambas dictaduras de la Organización.

Este año, sin embargo, su activación con mecanismos de seguimiento y buenos oficios ha contribuido a preservar la democracia en Honduras, Guatemala y Bolivia, cuyos legítimos gobiernos fueron objeto de maniobras destituyentes.

En Nicaragua han fracasado múltiples intentos de negociaciones y diálogo para prevenir o revertir la erosión de la democracia, incluyendo Misiones Especiales de Cooperación y Seguimiento, Grupos de Trabajo del Consejo Permanente y Comisiones de Alto Nivel. Tampoco funcionó el repudio y las condenas del Consejo Permanente y la Asamblea General; ni los contundentes informes del secretario general, de los grupos de trabajo, o de la CIDH, denunciando las transgresiones al orden democrático y las aberrantes violaciones a los derechos humanos.

Estas iniciativas fueron ignoradas por la dictadura Ortega-Murillo (O-M); y ante la presión decidió abandonar la Organización. Ahora acaba de anunciar el fin de las elecciones presidenciales. Dada la nueva y grave transgresión, los Estados miembros tienen otra oportunidad de activar la CADIA para restaurar la democracia en Nicaragua. El 18 de agosto la gran mayoría (29) de los Estados miembros aprobó la convocatoria, a la brevedad posible, de una reunión de Consulta de Ministros de Relación Exteriores (RCMR), con la insólita oposición de Brasil y de México, para tratar la grave situación.

La cuestión es si habrá o no consenso o mayoría para proceder con acciones colectivas lo suficientemente duras y efectivas para persuadir o forzar la dictadura a cesar sus violaciones a los acuerdos internacionales y a los derechos políticos y humanos de los nicaragüenses, e iniciar un proceso de restauración democrática. El secretario general, Albert Ramdin, ha señalado la necesidad de pasar de “la fuerza de las palabras a la fuerza de las acciones”, y que la crisis nicaragüense no es un caso meramente interno, sino que concierne a todo el hemisferio.

Pero Brasil y México ya han advertido sobre los límites jurídicos que imponen la Carta de la OEA o su Carta Democrática para proceder con medidas “coercitivas”; y priorizan el plano verbal de la denuncia, la condena, el exhorto, así como el diálogo, las negociaciones, los buenos oficios, los informes --como si esto ya no se hubiese intentado y no hubiese fracasado repetidamente. También se exige respetar el principio de no-intervención y de soberanía estatal; y se arguye que Nicaragua no es una amenaza para la seguridad o la paz del continente.

Pero se ignora que la dictadura violenta los compromisos hemisféricos que ha adquirido (vigentes a pesar de su retiro), y que las expulsiones forzosas de sus opositores, su persecución y asesinato en territorios ajenos (e.g., Roberto Samcam en Costa Rica) son una amenaza a la seguridad y estabilidad de sus vecinos, como lo es la migración forzada, masiva e irregular de sus ciudadanos.

Igual lo es la presencia e influencia de China y Rusia, con su apoyo diplomático, económico, militar y en ciberseguridad (China con importantes inversiones en minas de oro). La dictadura les ofrece una plataforma desde la cual desafían los intereses geopolíticos de la potencia continental, instalando la región en el seno de la rivalidad estratégica mundial y generando tensiones en la misma.

Las dictaduras siempre son una amenaza para la democracia, los derechos humanos, la paz y la seguridad.

Por otro lado, parece un despropósito la invocación del principio de no-intervención para proteger la soberanía de un estado tiránico y transgresor de los derechos políticos y humanos. La crisis nicaragüense (como la de Cuba) no es una cuestión jurídica de respeto o no del derecho internacional; es una cuestión política y humanitaria que exige convicción, coraje y agencia política inter americana para liberar a su pueblo de la tiranía que lo somete.

Si ello no se concretase en medidas colectivas “duras” en la RCMR, el resultado será la parálisis del multilateralismo interamericano; y es probable que ello genere una acción unilateral por parte de la superpotencia hemisférica, como lo ha hecho en otras oportunidades. (El Senado norteamericano está considerando una ley de sanciones contra la tiranía nicaragüense).

Pero si la RCMR lograse el inicio de un proceso de restauración democrática en Nicaragua, ello sería un gran tributo al aniversario de la Carta Democrática