El jefe de Gabinete Diego Santili y el ministro de Economía, Luis Caputo, sin haberlo urdido previamente, han conformado un impensado tándem en la Casa Rosada que busca enviar un claro mensaje de previsibilidad al mercado, a los inversores y a los organismos financieros internacionales, dándole a Javier Milei un volumen político que no tenía y dejando de lado la idea original del purismo libertario.

Aquella estrategia de paladar negro llevada adelante por Karina Milei, renuente a los acuerdos políticos con los opositores aliados salvo aquéllos donde hubiera un rotundo beneficio para el oficialismo y que se asemejó al "vamos por todo" de Cristina Kirchner después de la elección del 2011, ha sido dejada de lado, oportunamente.

La recurrente amenaza del “riesgo kuka” blandida por Milei y Caputo, generó un rédito transitorio, pero terminó obligando al Gobierno a darle la certeza al mercado y a los organismos internacionales con mucha anticipación -falta más de un año-, de que tiene espaldas para asegurar no sólo que el peronismo no regresará al poder sino también que no habrá una tercera alternativa electoral que pueda hacerle sombra. El objetivo es que la elección del 2027 quede polarizada entre Milei y Kicillof; nadie más. ¿Puede hacerlo?

Esa lectura explica la premura con la que el Ejecutivo pretende avanzar con la reforma política, cuando hay otros temas que son prioridad para una sociedad erosionada por su economía diaria. Busca mostrar un pacto político con una docena o más de gobernadores no kirchneristas, consolidar la alianza con los aliados como el PRO y el radicalismo, y trabar la posibilidad del armado de un frente opositor de cualquier índole, con la suspensión o eliminación de las PASO.

La mesa política, completa, reunida en la Rosada.

Un acuerdo de cúpulas con las provincias es más que viable, sobre todo a partir de la necesidad de fondos. La caída de la recaudación y el retaceo en la distribución de los fondos discrecionales -ATN- convierte en vulnerables a los gobernadores.

Endeudados

El otro aspecto del nuevo perfil político acuerdista que inunda a la Casa Rosada surge de la necesidad, como consecuencia de la impotencia del Gobierno por generar una mejora económica para el segmento social más castigado, en gran parte la clase media.

“Es cierto que todavía no le llega a Doña Rosa la mejora en la macro”, admitió en una entrevista uno de los pilares del armado libertario bonaerense, ex puntero peronista y actual diputado provincial por LLA Ramón "Nene" Vera.

Ramón "Nene" Vera, diputado provincial por LLA. Foto: Guillermo Rodríguez Adami

Esa carencia se percibe a veces en las explicaciones y contradicciones que fluyen de boca del ministro Luis Caputo. Ante el auditorio del Amcham Summit 2026, celebrado en abril pasado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, Caputo vaticinó de manera enfática que “la inflación va a tener certificado de defunción. Entramos en un proceso virtuoso en el que a partir de abril, los próximos 18 meses van a ser probablemente los mejores que la Argentina haya visto en las últimas décadas”. Por las dudas, luego lo reiteró en algunas entrevistas.

Pasó inadvertida la semana pasada una nueva intervención televisiva del funcionario. Cuando le preguntaron a Caputo en LN+ si mantenía esos dichos, apenas tres meses después de haberlos formulado, corrigió: “Sí, los mejores… de nuestro gobierno”. ¿Debería inferirse entonces, que ya comenzaron los mejores 18 meses, pero de los 48 que comprende el primer mandato de Milei y no de la historia argentina?

Caputo y Milei apuestan todo a la baja de la inflación que se viene desacelerando desde abril y que promete, para la medición de junio, perforar los 2 puntos. No hay ninguna duda, que es una excelente noticia. Aunque lo que Economía no está previendo es una variable que se multiplicó peligrosamente durante la gestión libertaria: el endeudamiento de la gente.

Santiago Bausili, titular del BCRA. Foto: Emmanuel Fernández

Como pocas veces en las últimas décadas, las historias se multiplican geométricamente y, del otro lado, buscan paliar un nivel récord de morosidad: bancos que salen a difundir planes de refinanciación con tasas más bajas, Provincias o municipios que establecen opciones de pago para sus empleados, proyectos de leyes provinciales o nacionales para reducir el impacto en el bolsillo.

De acuerdo con un informe del Banco Central, se duplicó en seis meses la cantidad de préstamos renegociados -deuda con tarjeta o créditos personales- para conseguir tasas de interés más bajas o plazos más largos ante la imposibilidad de hacer frente a las deudas. La tendencia creció a partir de fines del 2024, y está en niveles históricos.

La propia entidad que trabaja codo a codo con Economía, más allá de la teórica autonomía que debería tener pero que en la práctica no existe, advirtió que en promedio, casi el 25% del ingreso salarial de una familia está siendo destinado a pagar préstamos -utilizados para los gastos diarios-, y señala como uno de los motivos la caída real de los salarios.

Un gobernador se lo planteó al ministro Caputo, cuando éste le explicaba cómo la baja de la inflación permitiría una leve recuperación del poder adquisitivo porque los salarios le ganarían algunos puntos al índice de precios. Le dijo que esa mejora no alcanzaría para compensar las deudas que la amplia mayoría de la sociedad tiene porque sus gastos aumentaron y ahora, además, debe incluir las deudas con tasas usureras como las que aplican bancos y billeteras. ¿De qué sirve una leve mejora del poder adquisitivo si no alcanza para pagar las cuotas de la refinanciación de la tarjeta de crédito o de los préstamos personales? Dicen que Caputo admitió que tiene un problema.

En un contexto donde la recaudación de la Nación y de las provincias sigue bajando. A modo de ejemplo, los ingresos de la Ciudad de Buenos Aires, que podría considerarse en uno de los distritos en mejor situación, cayeron un 9% en junio respecto del año anterior, en una tendencia decreciente que arrancó en febrero.

A la baja del consumo -que no está relacionado con el pago de los servicios públicos como la luz, el gas, el agua o rentas-, se suman las compras online a plataformas del exterior; todo deriva en la no recaudación del IVA, dinero faltante para la Nación y las provincias. Pero hay un nuevo factor que empieza a preocupar seriamente a las arcas del erario: el contrabando.

ARCA controles Aduana contrabando

Un reciente informe elaborado por la consultora MAP describe en números esta problemática que alcanzó niveles críticos. El Estado nacional perdió en 2025 unos 2.300 millones de dólares a expensas del contrabando, lo que representa un 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB). Ese monto por la falta de cobro de aranceles, IVA e impuestos internos, equivale a la construcción de 3.800 escuelas, 80 hospitales de alta complejidad o 1.900 kilómetros de rutas nacionales. Y en términos de recaudación, la pérdida por contrabando es comparable al 45% de lo recaudado por retenciones a las exportaciones o al 25% del impuesto al cheque.

No es casual que la Argentina ocupe el puesto 120 de un total de 158 países en el índice de comercio ilícito sectorial según un informe de la Alianza Trasnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT). Los especialistas señalan que, si bien la problemática es histórica, se ha visto potenciada por la desregulación económica y la falta de controles efectivos en el entorno digital.

Endeudamiento de la sociedad y contrabando son flagelos que no forman parte de la agenda de prioridades del Gobierno y de la política. Está claro que mientras el menú electoral se limite a la polarización entre Milei y Kicillof, es probable que el plan reeleccionista libertario llegue a buen puerto. Sin embargo, el riesgo es tan alto y el tiempo hasta los comicios tan espacioso, que no hay certezas ni lealtades que puedan asegurar el destino de los votos.