Con una fina jugada, el juez K Alberto Lugones logró que se ubique a su secretaria letrada en la terna para cubrir la vacante en el juzgado que tiene la causa de la mansión de Pilar, el principal expediente que apunta contra el presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino. Para fuentes judiciales se trata de un paso más para el “blindaje judicial” de Tapia y Toviggino con vistas al final del Mundial.

Se trata de María Pérez Cárrega, colaboradora de Lugones en la propia Magistratura, quien pasó del puesto 12 del orden de mérito elaborado tras los exámenes de antecedentes y oposición a integrar la terna definitiva, informó La Nación.

La designación llamó la atención dentro del propio ámbito judicial porque el Concurso 430, abierto en 2019 para cubrir la vacante del Juzgado Penal Económico N° 10, tuvo un desarrollo inusualmente extenso y cambiante, descubrió Clarín.

El examen escrito se realizó ese año, la primera orden de mérito fue aprobada en diciembre de 2020 y las entrevistas personales recién se concretaron en septiembre de 2022. Sin embargo, la propuesta definitiva de la Comisión de Selección recién fue aprobada en abril de este año y meses después ratificada por el plenario del Consejo.

El camarista de San Martín Alberto Lugones, en tribunales.

Actualmente ese juzgado clave para la AFA está subrogado por la jueza Verónica Straccia, quien desde la semana pasada concentra la investigación por la causa de la mansión de Pilar, luego de que la Cámara Nacional en lo Penal Económico resolviera que el expediente debía tramitar íntegramente en ese fuero. Cuando se elija al nuevo juez, Straccia dejará el juzgado 10.

La evolución del concurso es uno de los aspectos que más interrogantes genera. En la primera orden de mérito, elaborada sobre la base de los antecedentes académicos y profesionales y del examen escrito, Pérez Cárrega ocupaba el 12° lugar con 150,20 puntos. Los tres primeros puestos correspondían a Ignacio Labadens, María Juliana Márquez y Matías Alejandro Latino, mientras que otros ocho postulantes también la precedían.

María Pérez Carrrega, postulante al juzgado de la causa AFA.

Sin embargo, luego de las entrevistas personales realizadas ante la Comisión de Selección, la situación cambió de manera significativa. El consejero Diego Barroetaveña, encargado de elaborar el informe sobre esa etapa del concurso, sostuvo que Pérez Cárrega había demostrado "un perfil integral y actualizado", con especial capacitación en perspectiva de género y ética pública, y concluyó que su desempeño justificaba modificar el orden de mérito originalmente establecido. Barroetaveña renunció a la comisión de Etica de la AFA a principios de año.

En ese mismo dictamen señaló que, si bien los concursantes Esteban Horacio Murano, Rodolfo Rodrigo Florez, Mariano Carlos Madiedo, Mabel Elena Castelnuovo, Ramiro Velasco, Eduardo Emilio Botello y Santiago Roldán habían tenido un desempeño correcto y demostrado idoneidad durante las entrevistas, Pérez Cárrega exhibió "un conocimiento más acabado de los temas por los que fue preguntada", circunstancia que —según el informe— justificaba reevaluar el orden de mérito.

Santiago Viola vota en la Magistratura la postulación de Pérez Cárrega.

Con ese fundamento, Barroetaveña propuso que el listado definitivo quedara integrado por Ignacio Labadens, María Juliana Márquez, Matías Alejandro Latino y María Pérez Cárrega.

"Mahiques no fue consultado"

Consulada una fuente del gobierno por este diario, contestó que "Mahiques no conoce a Pérez Cárrega ni fue consultado para su nombramiento". Esta definición parecería reducir las chances de que Milei la eliga de la terna para el juzgado 10.

El informe fue posteriormente aprobado por la Comisión de Selección con los votos de Alberto Lugones, Vanesa Siley, Santiago Viola, Hugo Galderisi y María Vázquez, y luego ratificado por el plenario del Consejo de la Magistratura.

Desde el punto de vista político, Lugones es el líder de la lista Celeste de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la más cercana al peronismo. Y Lugones, en particular, vota en sintonía con la estrategia judicial de Cristina Kirchner.

El expediente revela además otro dato que resulta relevante. Al momento de elaborarse el dictamen, Labadens integraba simultáneamente varias ternas correspondientes a otros concursos que ya habían sido remitidas al Poder Ejecutivo. Por ese motivo, Barroetaveña recomendó aplicar el artículo 48 del Reglamento de Concursos y disponer que Pérez Cárrega integrara la lista complementaria.

Semanas después, el 25 de junio, el Poder Ejecutivo designó a Labadens como juez del Juzgado Nacional de Menores N° 2 mediante el Decreto 506 firmado por Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Poco después, el Decreto 588 oficializó la terna correspondiente al Juzgado Penal Económico N° 10, integrada por María Juliana Márquez, Matías Alejandro Latino y María Pérez Cárrega.

Entonces, de ocupar el puesto 12 pasó a integrar la nómina definitiva de candidatos para uno de los juzgados con mayor sensibilidad política del fuero, justamente el que deberá resolver buena parte de las investigaciones patrimoniales que involucran a la conducción de la AFA.

Otras medidas del "blindaje judicial"

La controversia por el concurso se desarrolla en paralelo con la disputa judicial por la causa de la mansión de Pilar, una investigación que se convirtió en el principal frente penal que involucra a Claudio "Chiqui" Tapia y a Pablo Toviggino.

La Cámara Nacional en lo Penal Económico resolvió recientemente que el expediente debía concentrarse en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10, hoy subrogado por Straccia. La decisión buscó poner fin al conflicto de competencia que se había generado después de que el juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, reclamara una parte de la investigación con el polémico fundamento en el cambio de domicilio legal de la AFA desde la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, hacia un lote baldío ubicado en Pilar.

Alberto Lugonesn (en el centro), vota en una sesión de la Magistratura.

Ese cambio de domicilio ya había provocado otra fuerte controversia. En enero pasado, la Cámara Federal de San Martín, con la intervención del propio juez Alberto Lugones, desplazó de la investigación al juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky al considerar que la asociación tenía su domicilio legal en Pilar y no en su histórica sede de la calle Viamonte. Esa resolución permitió que parte del expediente pasara a manos de González Charvay.

Semanas atrás, sin embargo, la Cámara Nacional en lo Penal Económico integrada por Roberto Hornos y Carolina Robiglio resolvió que la investigación debía reunificarse en el fuero especializado, criterio que devolvió el expediente principal al juzgado actualmente subrogado por Straccia.

Mientras esa discusión continúa abierta, otro fallo fortaleció la jugada de la conducción de la AFA. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó la resolución del Ministerio de Justicia que había dispuesto la designación de veedores para supervisar la entidad y controlar, entre otras cuestiones, el destino de los 300 millones de dólares obtenidos por TourProEnter por la explotación comercial de la imagen de la Selección Argentina.

En esa sentencia, los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset concluyeron que el control de legalidad sobre la AFA correspondía exclusivamente a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas del gobierno de Axel Kicillof, como consecuencia del polémico traslado del domicilio legal a Pilar.

Ese mismo tribunal había avalado anteriormente la reforma estatutaria que permitió extender el mandato de Claudio Tapia al frente de la AFA hasta 2029.

La fiscalización del Gobierno con menos fuerza

Dentro del Gobierno también se registró un cambio de escenario. Durante la gestión del ex ministro Mariano Cúneo Libarona, el Ministerio de Justicia había impulsado una mayor fiscalización sobre la AFA mediante la designación de veedores. Esa estrategia perdió fuerza tras la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio. El padre del ministro, el camarista de Casación, Carlos Mahiques, festejó su cumpleaños en la mansión de Pilar, entre otros fuertes vínculos con la conducción de la AFA. Sobre todo de la mano del viceminmistro de Justicia y representante del gobierno ante la Magistratura, Santiago Viola.

En los tribunales también se observa con atención la actuación de Santiago Viola, viceministro de Justicia y representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, quien integra la Comisión de Selección que intervino en el Concurso 430 y votó favorablemente el dictamen que modificó el orden de mérito.

El expediente del concurso muestra que el informe elaborado por el consejero Diego Barroetaveña fue aprobado por la Comisión de Selección el 13 de febrero de este año y posteriormente ratificado por el plenario del Consejo.

El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques se retira del Tedeum del 9 de julio en la Catedral Metropolitana.

Fuentes del organismo consultadas por Clarín sostuvieron que el ascenso de Pérez Cárrega respondió “a la aplicación de criterios vinculados con la perspectiva de género, más que a una negociación política entre los consejeros”. Pérez Cárrega desplazó a 8 postulantes que tenían mejores exámenes que ella.

Ese margen de discrecionalidad que poseen los consejeros durante las entrevistas constituye desde hace años uno de los aspectos más cuestionados del sistema de selección de magistrados. Diversos especialistas sostienen que esa instancia permite alterar de manera significativa el orden de mérito construido sobre parámetros objetivos como los antecedentes académicos y el examen de oposición.

Precisamente ese debate volvió a instalarse en la Corte Suprema, donde el ministro Carlos Rosenkrantz impulsó un proyecto de reforma destinado a reducir el peso relativo de las entrevistas personales y fortalecer los criterios objetivos en los concursos para cubrir cargos judiciales.

Otros “saltos” de la orden de mérito

El caso de Pérez Cárrega no constituye un episodio aislado dentro del sistema de selección de magistrados. Un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) advirtió que, entre los primeros concursos elevados durante la gestión de Milei, una docena de postulantes registró ascensos superiores a diez lugares entre el orden de mérito construido a partir de los antecedentes y el examen escrito y el resultado final luego de las entrevistas personales.

Según ese relevamiento, algunos candidatos avanzaron hasta 32 posiciones gracias a la calificación obtenida en la etapa más discrecional del procedimientoo. Entre los casos mencionados figuran Nicolás Ramón Ceballos, María Verónica Michelli, Pablo Ezequiel Wilk, Diego Javier Souto, José Miguel Guerrero, Laura Wiszniacki, Juan Manuel Gaset Maisonave, Hugo Fabián Decaria, María Laura Ameri, Soledad Eugenia Mariño, Ezequiel Javier Sobrino Reig y Germán Augusto Degano.

La AFA investigada en 21 causas judiciales

Fuentes judiciales consultadas por Clarín admiten que los 21expedientes abiertos contrasta con la escasa cantidad de resoluciones de fondo dictadas hasta el momento. Tapia y Toviggino sólo registran hasta ahora un procesamiento firme, dictado por el juez Diego Amarante en una causa vinculada con la presunta retención indebida de tributos.

El juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del fuero penal ordinario Ignacio Rodríguez Varela impulsó que sea la Corte Suprema la que resuelva definitivamente el conflicto suscitado en torno a la denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni ante la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi. Para ambas magistradas, la investigación presenta elementos que justifican la intervención de la Justicia Federal y no del fuero penal ordinario.

Ese planteo quedó radicado en la Procuración General de la Nación para que el procurador Eduardo Casal emita el dictamen previo exigido antes de que la Corte Suprema adopte una decisión definitiva sobre la competencia.

Entonces, la resolución del máximo tribunal será determinante. No sólo definirá qué juez quedará al frente de una de las investigaciones más relevantes sobre la conducción de la AFA, sino que también pondrá fin a una prolongada disputa de competencia que, durante meses, provocó decisiones contradictorias entre distintos tribunales.