La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó este jueves firme la condena a ocho años de prisión para Sergio Urribarri, quien fue dos veces gobernador de Entre Ríos y embajador en Israel, por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado en cinco causas que tramitaron los tribunales provinciales. La condena lleva aparejada, además, la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario de la defensa del exgobernador por considerarlo inadmisible. La misma suerte corrieron los planteos de los otros condenados en el expediente.

El ministerio público fiscal pedirá esta tarde que el ex gobernador, que está en arresto domiciliario, vaya a la cárcel a cumplir su condena.

También irán presos su ministro de cultura, Pedro Báez, que tiene una condena de seis años y medio, y el cuñado de Uribarri, Juan Pablo Aguilera, que fue presidente del partido justicialista entre Ríos, y tuvo varios otros cargos, pero esencialmente era testaferro de Urribarri (también tiene seis años y medio), informaron fuentes judiciales a Clarín.

Fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche. Gentileza Revista Análisis

El exmandatario quedó preso en noviembre de 2024 por orden de la Cámara de Casación provincial que dispuso su prisión preventiva para evitar que se fugue, pero la decisión fue revocada en enero de 2025 por la Sala de feria del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos. Estuvo preso 50 días.

Según la investigación, Urribarri direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial para fines particulares. En esa maniobra apareció favorecido su cuñado, Juan Pablo Aguilera, a quien se responsabilizó por manejar un esquema de testaferros y de cartelización para quedarse con los fondos de la publicidad en vía pública. En el expediente también se investigó el montaje de un parador en Mar del Plata en 2015 y la difusión de spots durante la Cumbre del Mercosur que se realizó en la ciudad de Paraná en diciembre de 2014 para promover su postulación a la presidencia en 2015.

Urribarri fue gobernador de la provincia de Entre Ríos desde diciembre de 2007 hasta diciembre del 2015. Ese año fue electo legislador provincial y en 2020 fue nombrado Embajador por la República Argentina en el Estado de Israel por el gobierno de Alberto Fernandez y Cristina Kirchner. Ese cargo diplomático fue ocupado hasta mayo del 2022, cuando el Poder Ejecutivo aceptó su renuncia tras su condena.

La causa fue impulsada por la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche -que enfrentó un jury por mal desempeño impulsado por los K, fue echada y restituida por la Corte Suprema.

Allí hubo cinco acusaciones principales: el otorgamiento de una pauta publicitaria del Estado a la empresa Global Means, del empresario Germán Buffa, antes de que esa firma tuviera existencia real; la denominada “causa de la vaca” o “de las imprentas”, que investigó de qué modo dos empresas, Tep SRL y Next SRL, que se adjudican al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Agueilra, se quedaron durante cinco años con el negocio de la pauta publicitaria oficial en cartelería en vía pública; la megacausa del Sueño Entrerriano, que involucra la publicación de una solicitada contra fondos buitre; la instalación de un parador playero en Mar del Plata que costó $14 millones de entonces; y el pago a la productora Nelly Entertainment para difundir tres spots en apariencia para difundir la Cumbre del Mercosur de 2014.

El 7 de abril de 2022, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná condenó a Urribarri a la pena de 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. También fueron condenados el exministro de Cultura y Comunicación de la provincia, Pedro Báez, y el exfuncionario legislativo Juan Pablo Aguilera -cuñado del exmandatario-, ambos a seis años de prisión e inhabilitación.

En el mismo debate también fueron condenados Corina Elizabeth Cargnel, Gustavo Ruben Tamay y Gerardo Daniel “Foia” Caruso, a la pena de tres años de prisión en suspenso. Las penas menores fueron para Luciana Belén Almada, esposa de Aguilera, y Emiliano Giacopuzzi, quienes recibieron dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, respectivamente; y Germán Esteban Buffa, a la pena de año y dos meses de prisión de ejecución condicional.

El tribunal también dictó absoluciones para otros acusados: el exministro de Turismo, Hugo Marsó; los exfuncionarios de la Unidad Operativa Mercosur Hugo Céspedes -fallecido durante el proceso- y Gustavo Tórtul; Alejandro Almada y Maximiliano Sena.

En 2023, el Tribunal de Casación entrerriano confirmó las condenas. El Superior Tribunal de Justicia rechazó los recursos de las defensas. Los imputados presentaron recursos extraordinarios para revocar su suerte ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti desestimaron los recursos por inadmisibles, salvo en el caso de la defensa de Tamay, en el que su presentación fue rechazada por defectos formales.