Decenas de millones de dólares imposibles de rastrear penetraron en las recientes elecciones legislativas en un intento de derrocar candidatos demócratas progresistas al Senado de los estados de Michigan y Minnesota.

En Kansas, el torrente de dinero secreto que catapultó al Senado a un candidato demócrata muy poco conocido trepó a cien veces la cantidad de fondos con la que el mismo candidato contaba en la recta final de las primarias.

Y en Texas los republicanos aprovecharon las permisivas normas federales de información para poner dinero bajo cuerda e intentar lograr la nominación de una candidata demócrata débil, cuyo propio partido había acusado de antisemita.

En todo Estados Unidos las elecciones de mitad de mandato están inmersas en plata sucia.

Un análisis de The New York Times que abarca datos publicitarios, declaraciones de financiación de campañas y registros impositivos reveló que en el escenario político de 2026 circulan alrededor de 1.000 millones de dólares de procedencia anónima, cifra asombrosa que, no obstante, casi con toda seguridad es una estimación conservadora dado lo difícil que es rastrear este dinero.

“Dinero oscuro” (dark money en inglés) es la expresión que se utiliza en el ámbito de las campañas electorales para referirse al desembolso con fines políticos efectuado por grupos que ocultan los nombres de sus donantes.

El presente aluvión está trastocando las contiendas electorales de costa a costa del país por medio de multimillonarios, corporaciones y grupos de presión que ocultan sus agendas y su implicación con relativa facilidad.

Es imposible saber la magnitud total del gasto en cuestión.

La cifra de 1.000 millones de dólares detectada por el Times comprende únicamente la información de acceso público, principalmente la compra de avisos publicitarios televisivos y digitales, así como donaciones a súper comités de acción política (CAPs) por parte de organizaciones sin fines de lucro.

Estas entidades también financian actividades políticas más difíciles de rastrear, como el envío de correo directo, la contratación de influencers para difundir contenido favorable o la puesta en marcha de personas que realizan visitas puerta a puerta en apoyo a causas que técnicamente no constituyen campañas electorales.

Nota: Datos a 26 de agosto de 2026. Fuentes: Comisión Electoral Federal y AdImpact. Elena Shao/The New York Times

En cualquier caso, la suma es más que “dinero suficiente para manipular a muchos políticos e inyectar mucho veneno en la sangre del sistema político estadounidense”, afirmó Nick Penniman, director ejecutivo de Issue One, organización que ha procurado reducir la influencia del dinero en la política.

Este mes de agosto, un grupo del estado de Wyoming llamado Choose Freedom Inc. (Elija la Libertad S.A., aproximadamente), con escasos antecedentes que se remontan apenas a esta primavera boreal, entró en acción para reservar unos 22 millones de dólares en publicidad destinada a impulsar candidatos republicanos en batallas electorales por escaños en la Cámara de Representantes y el Senado.

Al día siguiente, una organización sin fines de lucro vinculada al Partido Republicano lanzó una campaña de 22 millones de dólares en 41 distritos de la cámara baja.

El jueves, Per Aspera Policy Inc. (Política a través de las dificultades S.A.), otra organización sin fines de lucro, salió de la penumbra para concretar una compra de publicidad por valor de 3,7 millones de dólares en apoyo al candidato republicano al Senado por Ohio.

Todo esto implicó plata en efectivo imposible de rastrear.

Modus operandi

El dinero secreto no es algo nuevo. Pero su proliferación ha alcanzado escala industrial en 2026 y sirve de perspectiva acerca del predominio que tendrá en 2028.

Prácticamente todas las contiendas importantes de las elecciones primarias y de los estados decisivos de este otoño en EEUU han estado o estarán condicionadas por fondos secretos.

El volumen de los gastos financiados de forma anónima es tan grande que en algunas circunstancias supera el gasto de las propias campañas, haciendo que los candidatos parezcan meros espectadores de sus propias elecciones.

Esta tendencia se manifiesta con especial intensidad en las elecciones primarias.

En Texas, el senador John Cornyn fue uno de los mayores beneficiarios del dinero secreto durante el ciclo electoral. A su fallida campaña para las primarias se destinaron cerca de 43 millones de dólares de dichos fondos, incluidos los aportes efectuados por una agrupación encabezada por el ex gobernador Rick Perry. Foto Jordan Vonderhaar para The New York Times.

No siempre el gran capital gana las elecciones, y en algunas contiendas el gasto cuantioso genera un rechazo considerable.

"El poder de nuestras multitudes es mayor que el poder del dinero de nuestros oponentes", declaró tras su victoria el doctor Abdul El-Sayed, progresista que ganó las primarias demócratas para el senado en Michigan. Su rival, la representante Haley Stevens, había sido beneficiada con alrededor de 62 millones de dólares en publicidad financiada total o mayoritariamente por grupos que operan con dinero de origen secreto.

Los defensores del dinero confidencial argumentan que permitir el anonimato es crucial para la libertad de expresión.

En cada ciclo electoral los abogados buscan nuevos vacíos legales para aprovechar y normas antiguas para prolongar. Sumergidos en una especie de carrera armamentista partidaria, demócratas y republicanos compiten por encontrar nuevas formas de ocultar a sus donantes.

Ambos bandos financian cada vez más tipos de actividades políticas —como investigaciones y encuestas— a través de organizaciones sin fines de lucro. Algunas entidades canalizan decenas de millones de dólares por intermedio de una trama de organizaciones de este tipo, lo que dificulta aún más el rastreo de los fondos. Otras directamente pagan lo que se denomina avisos “sobre políticas públicas” que pueden ser solventados por patrocinadores anónimos, si bien para el votante promedio pueden resultar virtualmente indistinguibles de los cortos publicitarios de una campaña electoral.

"Es medio como si quienes se mueven en los círculos de poder de Washington vivieran en un antro de drogas y esta fuera simplemente la nueva droga en circulación", ilustró Penniman, cuya organización surgió tras el histórico fallo del caso Citizens United (Ciudadanos Unidos) en 2010, que eliminó las restricciones al gasto político.

Las mayores operadoras de dinero oscuro en este ciclo electoral son cuatro organizaciones sin fines de lucro aliadas con republicanos y demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado. Según reveló un análisis del New York Times, estas organizaciones dan cuenta en conjunto de más de 460 millones de dólares de fuentes ocultas que vienen destinándose a moldear las elecciones de este año.

En el código impositivo federal estos grupos están registrados como organizaciones de bienestar social, lo que les permite operar como entidades sin fines de lucro. En la práctica, cada uno de ellos comparte oficinas con un súper CAP hermanado. En los cuatro casos, tanto la organización sin fines de lucro como el CAP están dirigidos por los mismos estrategas políticos y esencialmente brindan a los donantes un servicio integral para evitar la divulgación de su identidad mientras destinan millones de dólares a la política.

El gasto directo en publicidad de estas cuatro organizaciones sin fines de lucro va en aumento: pasó de 166 millones de dólares en las elecciones de mitad de mandato de 2022 a más de 242 millones hasta el momento en el ciclo actual, según datos de la firma de monitoreo publicitario AdImpact.

"Vamos camino a tener las elecciones de medio término menos transparentes, al menos desde el fallo Citizens United", sostuvo Dan Weiner, director ejecutivo del Programa de Elecciones y Gobierno del Brennan Center, organización que aboga por normas de mayor transparencia. "Estamos casi en el punto en que cualquiera que pretenda que no se revele su identidad puede lograr que así sea.”

Maine: un caso de estudio

Dos elecciones en el estado de Maine ilustran el fenómeno.

En uno, la senadora republicana Susan Collins busca su reelección en una competencia que podría determinar el control del Senado. A los votantes de ese estado los asedian cerca de 75 millones de dólares en publicidad financiada con dinero oscuro de ambas partes, en base a un análisis del Times sobre donaciones y datos de AdImpact.

Eso equivale a más de 80 dólares de dinero secreto por cada votante registrado en un estado con menos de 900.000 electores. Dinero oscuro en la carrera al Senado de Maine Dinero oscuro.

No se trata solo de avisos en televisión. A Susan Collins la han favorecido no menos de 10 distintos envíos postales de la organización sin fines de lucro One Nation, alineada con el Partido Republicano —entre ellos algunos que le agradecían su labor en favor de los veteranos de guerra, los bomberos y la investigación del cáncer—, de acuerdo a lo que informa Mintt, empresa especializada en el seguimiento de correspondencia.

Quien aporta dinero en secreto constituye un factor de influencia. La senadora Collins, por ejemplo, preside el poderoso Comité de Asignaciones del Senado, que ayuda a dirigir el gasto federal. Esto la sitúa en un grupo selecto de legisladores con quienes los grupos de intereses especiales tienen particular voluntad de congraciarse. Asimismo, la senadora Collins atrae gran cantidad de dinero oscuro para actuar en contra de ella.

Y mientras el público permanece ajeno a la situación, a los propios políticos se les informa a menudo quiénes son sus benefactores. Una agrupación sin fines de lucro, Stronger America Inc. (Estados Unidos Más Fuerte S.A.) ha gastado más de 11 millones de dólares en anuncios para apoyar a la senadora Collins, única candidata a la que ha respaldado. En julio, la senadora asistió a una cena organizada por la mencionada entidad, celebrada en una residencia de Washington que es propiedad de la empresa tecnológica Oracle, según tres personas informadas acerca del evento.

Un portavoz de Oracle, cuya residencia alberga habitualmente cenas de recaudación de fondos para políticos, no respondió a una solicitud de que hiciera comentarios. La organización de campaña de la senadora Collins tampoco respondió.

La senadora Susan Collins ha visto que se gastaron más de 74 millones de dólares de forma anónima en su campaña. El dinero provino tanto de demócratas que buscan derrotarla como de republicanos que intentan reelegirla. Foto Haiyun Jiang/The New York Times.

En otra contienda electoral en Maine, el retiro del diputado demócrata Jared Golden de su escaño en la Cámara de Representantes —la banca más afín a los conservadores— ha creado una oportunidad poco común para el Partido Republicano.

Así que los operadores republicanos se dispusieron a interferir en las primarias demócratas. Gastaron cerca de 500.000 dólares para derrotar al demócrata que consideraban el candidato más fuerte: un senador estatal llamado Joe Baldacci. Recurriendo a un nuevo súper CAP que no reveló sus donantes hasta después de las elecciones y a una sociedad de responsabilidad limitada que enmascaró a sus proveedores republicanos, el grupo inundó los medios con un aviso que calificaba a Baldacci como "el elegido por el dinero oscuro".

"Es el colmo del engaño", lamentó Baldacci en una entrevista. Su derrota por varios cientos de votos intensificó la preocupación de los demócratas por perder la banca.

En otras palabras, la intervención republicana funcionó.

Capas y más capas de secreto

Dieciséis años han pasado desde que el fallo de la Corte Suprema en el caso Citizens United versus Federal Election Commission contribuyera a abrirles las compuertas a estos comités políticos independientes, los súper CAPs, que a diferencia de los candidatos pueden recaudar fondos ilimitados y gastar sumas ilimitadas en las elecciones federales. En aquel entonces, la Corte Suprema razonó que la transparencia serviría como un poderoso mecanismo de rendición de cuentas frente a tales actividades.

"Los ciudadanos pueden ver si los funcionarios electos están ‘en el bolsillo’ de los llamados intereses monetarios", escribió el magistrado Anthony Kennedy en el dictamen por mayoría. "Esta transparencia posibilita al electorado tomar decisiones informadas y otorgar la gravitación adecuada a los distintos interlocutores y mensajes".

Hoy resulta haber sido cierto lo contrario. El secreto se ha generalizado tanto que, en esencia, está sistematizado.

Tres estrategias distintas ayudan a los grupos de presión políticos a ocultar a sus donantes.

La primera consiste simplemente en utilizar organizaciones sin fines de lucro que no están obligadas a revelar la identidad de sus donantes para difundir avisos. Técnicamente, se supone que los avisos son sobre asuntos de interés público, pero con frecuencia elogian o atacan a diputados y senadores en ejercicio con términos mordaces.

La segunda opción consiste en que estas organizaciones sin fines de lucro donen fondos a súper CAP aliados. Un súper CAP puede difundir anuncios centrados explícitamente en las elecciones y está obligado a revelar quiénes son sus donantes: pero no los donantes de sus donantes, con lo cual mantienen oculto el verdadero origen del dinero. Prácticamente no existen limitaciones para los montos de estas transferencias: algunos súper CAPs de alto perfil se financian en su totalidad mediante organizaciones sin fines de lucro.

La tercera estrategia es una opción cada vez más adoptada en las elecciones de mitad de mandato: los súper CAP "temporales" (pop-up), que aprovechan un vacío en las leyes federales de divulgación de la información. El último plazo previo a los comicios para revelar la identidad de los donantes es de tres semanas de antelación a una elección federal, lo que permite que a última hora surja un grupo cualquiera y gaste libremente —y en secreto— durante los días finales de la contienda. Estos súper CAP emergentes están obligados a revelar a sus donantes, pero no hasta después de celebrada la elección: demasiado tarde para que los votantes puedan evaluar esa información.

"Si usted trata de ocultar quiénes son sus donantes, probablemente esté tratando de ocultar cosas turbias", indicó el representante demócrata Chris Deluzio, de Pensilvania, promotor de una iniciativa legislativa para resolver este vacío legal.

Los defensores del gasto político secreto plantean una perspectiva diferente. Algunos donantes demócratas comentan en privado que ese tipo de financiación puede proporcionar protección en momentos en que la administración Trump ha puesto en la mira explícitamente a los financiadores demócratas.

El republicano Sean Cooksey, ex presidente de la Comisión Federal de Elecciones (FEC, según sus iniciales en inglés) y ex asesor legal del vicepresidente JD Vance, recordó que EEUU se construyó sobre la base del discurso anónimo, tradición que se remonta a El federalista, conjunto de artículos y ensayos relacionados con la Constitución estadounidense.

"Hay un valor político importante en permitir que las personas se asocien y expresen de manera anónima", destacó Cooksey. "Especialmente cuando tienen opiniones impopulares."

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), que supervisa las organizaciones sin fines de lucro pero rara vez ha controlado el gasto político, está aún menos preparado para hacerlo después de los recortes efectuados por la administración Trump. Con solo dos de sus seis cargos cubiertos actualmente, la FEC ni siquiera cuenta con suficientes integrantes para alcanzar el quórum necesario a fin de llevar a cabo una reunión formal y mucho menos hacer cumplir las leyes sobre financiamiento de campañas.

"La FEC nunca se ha comportado como un agente que patrulla las calles", dictaminó Dan Weiner, del Brennan Center. "Pero en este momento no son capaces ni de sancionar infracciones de tráfico rutinarias."

La comisión declinó hacer comentarios y el IRS no respondió a una solicitud de exponer sus opiniones.

Un universo de dinero oscuro en crecimiento

Parte del grueso de los 1.000 millones de dólares en fondos secretos puede rastrearse hasta grupos de presión ideológicos que divulgan sus objetivos pero no a sus donantes principales. En el ámbito de la derecha, la red de la familia Koch —contraria a los impuestos— es responsable de un gasto superior a los 50 millones de dólares provenientes de fuentes no reveladas, y dentro de la izquierda, un grupo de tres organizaciones ecologistas sin fines de lucro ha inyectado también cerca de 50 millones de dólares en plata oscura, según el análisis de AdImCAPt y registros de donaciones. Asimismo provinieron 30 millones de dólares del Comité Estadounidense-Israelí de Asuntos Públicos, que destinó cuantiosos recursos a hacer campaña en contra del doctor El-Sayed en el estado de Michigan.

Haley Stevens, la candidata al Senado de EEUU que terminó derrotada, recibió 62 millones de dólares como apoyo de seis grupos importantes, ya fueran organizaciones sin fines de lucro de "dinero oscuro", súper CAPs fuertemente financiados por grupos de "dinero oscuro" o súper CAPs "pop-up". Foto Nic Antaya para The New York Times

Una de las mayores fuerzas nuevas en este campo es una organización llamada American Prosperity Alliance (algo así como Alianza para la Prosperidad Estadounidense), que prácticamente ha perfeccionado el manual moderno del dinero oscuro.

Cuatro años atrás, operadores y donantes del Partido Republicano observaron con frustración que los demócratas intervenían en las primarias republicanas de 2022 para favorecer que se eligieran candidatos más débiles.

Por eso en este ciclo la American Prosperity Alliance hizo lo mismo. Canalizó 37 millones de dólares hacia un súper CAP asociado llamado Conservative Americans CAP (Comité de Acción Política Estadounidenses Conservadores), que a su vez dio origen a una red de al menos cinco comités “pop up” distintos que utilizaron sociedades de responsabilidad limitada y apartados postales para enmascarar todavía más sus actividades.

Algunas de estas organizaciones emergentes adoptaron nombres de apariencia demócrata, como Lead Left CAP (aproximadamente, CAP Izquierda Líder) o Progressive Champions CAP (CAP Paladines Progresistas), e intervinieron en media docena de elecciones primarias demócratas. Se trata de la misma red que intentó impulsar sin éxito a la demócrata de Texas acusada de antisemitismo. También a los avisos contra Baldacci los financió esta red.

La American Prosperity Alliance utiliza las tres vías que emplean las organizaciones para mantener en secreto a sus patrocinadores. Hace donaciones a súper CAPs. Aprovecha el vacío legal de las entidades pop-up. Y a través de sus tres proyectos ha emitido en forma directa decenas de millones de dólares en avisos de políticas públicas durante este ciclo.

El grupo no revela quiénes son sus contribuyentes. Pero dos personas informadas acerca de las finanzas de la organización, que hablaron bajo condición de anonimato para describir la estrategia confidencial, señalaron que la entidad recibía fondos cuantiosos originados en intereses corporativos, entre ellos de la industria farmacéutica. La organización declinó hacer comentarios.

Luego está la organización sin fines de lucro aliada del propio Donald Trump, Securing American Greatness (Asegurando la Grandeza Estadounidense), que dirigen asesores suyos y tampoco revela sus donantes. Desde principios del año pasado hasta la fecha, la agrupación ha gastado por lo menos 44 millones de dólares: destinó cerca de 25 millones a súper CAPs e invirtió unos 19 millones en anuncios para promover a Trump y a los republicanos.

En privado, operadores de ambos partidos reconocen que el sistema les permite actuar con impunidad casi total hasta que se emiten los votos. Los abogados tienden a aconsejar a las organizaciones sin fines de lucro que tienen entre sus clientes que no presenten declaraciones detalladas al Servicio de Impuestos Internos sobre sus actividades en este ciclo electoral hasta mediados de noviembre de 2027, es decir, más de un año después de las elecciones de mitad de mandato.

Kirsten Noyes contribuyó en la investigación.

Sobre los datos

The New York Times analizó miles de expedientes de la Comisión Federal de Elecciones para identificar grandes donaciones realizadas a súper CAPs por parte de organizaciones sin fines de lucro que no revelan la identidad de sus contribuyentes. La lista comprende tres docenas de tales organizaciones que transfirieron más de 525 millones de dólares a cuentas federales durante el ciclo electoral de 2026.

El Times también buscó súper CAPs constituidos poco antes de las elecciones —lo que les permite no revelar la identidad de sus donantes hasta después de la jornada electoral— y analizó desembolsos a partir de datos obtenidos del servicio de seguimiento publicitario AdImpact para evaluar el monto total del gasto político de organizaciones sin fines de lucro en anuncios televisivos y digitales. La tarea incluyó la revisión de muchos de los anuncios mismos.

The Times también consultó registros impositivos para detectar vínculos entre las organizaciones y sus actividades, así como para identificar a los dirigentes de esos grupos.

Shane Goldmacher es corresponsal de política nacional de The New York Times.

Theodore Schleifer es cronista de The New York Times y cubre temas relacionados con multimillonarios y su impacto en el mundo.

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