Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que operan en el terreno deberán estar completamente equipados con cámaras corporales para finales de septiembre. Así lo confirmó el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, en medio de crecientes presiones legislativas y sociales para incrementar la supervisión sobre las operaciones de deportación y detención en todo el país.

Plazos, tecnología y alianzas operativas

La declaración oficial responde a un proceso marcado por años de retrasos en la implementación de sistemas de video en la agencia. Aunque proyecciones previas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estimaban completar el despliegue a finales de 2025, desacuerdos presupuestarios y ajustes normativos postergaron la entrega de los equipos.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, habla en una conferencia de prensa en Nueva York el martes 1 de septiembre de 2026. (Foto AP/Ted Shaffrey)

Para acelerar la cobertura, el DHS adjudicó este año contratos por más de 30 millones de dólares a la firma Axon Enterprise, al tiempo que mantiene conversaciones con Motorola para habilitar capacidades de grabación de video en los micrófonos que los oficiales ya portan en sus uniformes.

Según reportes entregados al Congreso a inicios de año, la brecha de equipamiento era crítica: la agencia disponía de apenas 3.000 cámaras para una fuerza operativa de más de 13.000 agentes, dejando a oficinas regionales enteras sin dispositivos disponibles durante operativos de gran escala. La reciente asignación de un presupuesto federal de 31.000 millones de dólares para tecnología de seguridad fronteriza —que incluyó una partida específica de 20 millones para cámaras portátiles— permitió a la agencia adquirir las unidades faltantes y avanzar en la fase de capacitación técnica de su personal.

Presión política y la controversia por la transparencia

El impulso definitivo para acelerar la distribución de los dispositivos ocurrió tras una serie de incidentes armados con desenlace fatal. Durante los últimos meses se registraron más de dos docenas de tiroteos que involucraron a agentes federales de inmigración, incluidos los casos de Lorenzo Salgado Araujo en Texas y Johan Sebastián Durán Guerrero en Maine. En ambos eventos, la ausencia de cámaras corporales en los oficiales implicados dificultó la reconstrucción de los hechos, desatando protestas en diversas ciudades e intensificando las exigencias de transparencia por parte de legisladores demócratas y republicanos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) completó la adquisición de dispositivos para sus oficiales de campo. Sin embargo, congresistas advierten que la efectividad del programa dependerá de las políticas de publicación de las grabaciones. Foto: REUTERS/Ryan Murphy

A pesar de la confirmación sobre el suministro de equipos, el programa enfrenta críticas en el ámbito político vinculadas a los protocolos de difusión del material. Senadores y defensores de derechos civiles advierten que la normativa actual otorga a la dirección de ICE facultades discretionales para decidir si las grabaciones se hacen públicas o se mantienen bajo reserva. Mientras la agencia incrementa su ritmo operativo tras alcanzar un pico de 50.000 detenciones mensuales, el debate en el Capitolio se traslada ahora hacia la obligatoriedad de liberar las imágenes para garantizar una verdadera supervisión pública.