El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) confirmó este jueves que ya entraron en vigor los nuevos requisitos para la distribución de boletas electorales por correo, derivados de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump. La medida comenzará a aplicarse de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026.

La regla exige una mayor coordinación entre los estados y el Gobierno federal antes de que el USPS distribuya determinadas boletas por correo. Entre otras disposiciones, las autoridades electorales estatales deberán proporcionar listas de votantes para que sean contrastadas con registros federales, incluidos datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Según la orden de Trump, el Servicio Postal deberá abstenerse de entregar boletas a personas que sean consideradas inelegibles después de esa revisión. El mecanismo forma parte de un intento más amplio de la administración para aumentar la supervisión federal sobre los procesos electorales, aunque la Constitución otorga a los estados y al Congreso competencias centrales en la administración de las elecciones.

La entrada en vigor de la norma se produjo después de varios meses de litigios y decisiones judiciales contradictorias. Su implementación ya provocó una nueva demanda presentada por 24 estados y el Distrito de Columbia.

Qué cambia con la nueva regla del USPS que ya entró en vigor

La orden ejecutiva establece un sistema mediante el cual los estados deben informar al Servicio Postal sobre los votantes a quienes pretenden enviar boletas por correo.

Los documentos judiciales vinculados al caso detallan que los estados podían comunicar al USPS su intención de utilizar boletas por correo al menos 90 días antes de una elección federal y presentar posteriormente las listas correspondientes con una anticipación mínima de 60 días. Para las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026, esa última fecha se ubica el 4 de septiembre.

Esas listas pueden ser comparadas con información que posee el Gobierno federal para determinar la elegibilidad de los votantes.

La entrada en vigor de la norma se produjo después de varios meses de litigios y decisiones judiciales contradictorias. Foto: EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

La administración Trump sostiene que el objetivo es fortalecer los controles y evitar que se distribuyan boletas a personas que no cumplen los requisitos legales para votar.

Los estados que impugnan la medida argumentan, por el contrario, que el Poder Ejecutivo intenta modificar las normas electorales sin autorización del Congreso y asumir atribuciones que constitucionalmente pertenecen a los gobiernos estatales.

La regla final del USPS había sido publicada previamente, pero su implementación permaneció condicionada por las distintas órdenes judiciales emitidas durante el proceso. El Servicio Postal confirmó este jueves que comenzaría a aplicarla de inmediato.

La Corte Suprema permitió avanzar con la implementación

La situación cambió esta semana después de una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos.

El lunes, el máximo tribunal permitió levantar una de las medidas cautelares que impedían aplicar la orden de Trump. La decisión fue procesal y no resolvió si la nueva política es legal o constitucional.

Un día después, la jueza federal Indira Talwani, del distrito de Massachusetts, retiró el bloqueo nacional que había impuesto previamente sobre la modificación del Servicio Postal, citando la intervención de la Corte Suprema.

Talwani había ordenado el 11 de agosto que el USPS no implementara determinadas disposiciones de la orden ejecutiva para las elecciones de noviembre, entre ellas la posibilidad de negarse a transmitir boletas por correo.

La decisión del máximo tribunal permitió que ese escenario cambiara mientras continúa la discusión judicial de fondo.

Donald Trump. Foto: Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg

Dos docenas de estados presentaron una nueva demanda

La entrada en vigor de la norma no significa que la disputa haya terminado.

Veinticuatro estados y el Distrito de Columbia presentaron este miércoles una nueva demanda para impedir que la administración Trump aplique las restricciones durante las elecciones de medio término de 2026.

Según los estados demandantes, la política del USPS forma parte de un esfuerzo más amplio para “reescribir la ley electoral federal” y apropiarse de facultades correspondientes a los estados y al Congreso.

La controversia podría generar nuevas decisiones judiciales en las próximas semanas, precisamente cuando los funcionarios electorales comienzan los preparativos finales para las elecciones de noviembre.

Trump firmó la orden ejecutiva en marzo y desde entonces su administración ha defendido la necesidad de aumentar la verificación de las listas electorales y de las personas que reciben boletas por correo.

El presidente ha cuestionado repetidamente ese sistema de votación. Sin embargo, él mismo utilizó una boleta por correo este mes para participar en las primarias republicanas de Florida, al menos la tercera ocasión documentada en la que recurrió a ese método.