Argentina cuenta con un amplio linaje legislativo en materia de educación. Nace con la histórica y transformadora ley 1420, cuyo aniversario se conmemora cada 8 de julio, y que consagró a la escuela primaria. Ha sido una ley de carácter fundante, que enfrentó resistencias, pero que logró sostenerse a través del tiempo y de ahí, precisamente, proviene una de sus mayores virtudes.

Sin embargo, ya no estamos a finales del siglo XIX, ni discutimos sobre la educación laica, gratuita y obligatoria. Y si bien todavía hay desafíos en términos de acceso, el mayor legado de las últimas dos leyes educativas estructurantes (la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Nacional) fue expandir la obligatoriedad escolar y con ello el porcentaje de niñas, niños y adolescentes que están en la escuela. En efecto, en los últimos 25 años la tasa de escolarización del nivel inicial subió de 49% a 83% y la del nivel secundario de 60% a más de 90%.

Hoy nos encontramos ante un desafío distinto, el de la “calidad educativa”: aunque casi todos los adolescentes están en la escuela, menos del 15% (si, solamente 15%) finaliza la escolaridad obligatoria sin haber repetido y con los conocimientos fundamentales para comenzar la vida adulta. Entonces me pregunto: ¿necesitamos nuevos marcos normativos que habiliten procesos de transformación educativa sistémica?

El diseño de estas normas exige una advertencia crucial. Las leyes deben ser audaces para conmover el statu quo, pero no pueden sancionarse sin acuerdos estratégicos básicos o en contextos de alta polarización o inestabilidad política. Cuando una reforma se impone sin acuerdos estratégicos o en un escenario agrietado, el cambio de signo político en el gobierno activa un "péndulo educativo" que destruye lo avanzado de manera radical. En Argentina ya vivimos ese vaivén pendular con la marcha atrás de la estructura de niveles que había propuesto la Ley Federal de Educación.

Entonces, podemos pensar en algunas características para un nuevo marco normativo: audacia intelectual, poder de decisión y acuerdos políticos. Aquí cobra vital importancia una dimensión clave: en un país federal, las leyes de cambios estructurales deben gestarse en las provincias, ya que el nivel subnacional ofrece un territorio mucho más propicio y de mayor cercanía para lograr los acuerdos políticos necesarios. Podríamos decir que el primer paso es acordar un rumbo común, que exceda a gobierno y personas, un rumbo que sea más grande y más fuerte que las oscilaciones coyunturales. Y ese rumbo necesita de imaginación y de audacia, necesita incidir ahí donde se toman las decisiones. Si la osadía domina sin acuerdos, las resistencias pueden bloquear la implementación; si solo se busca consenso, se corre el riesgo de no cambiar nada.

Conmemorar la Ley 1420 exige recuperar su espíritu: audacia para transformar y madurez política para consensuar. El desafío actual ya no es solo la escolarización, sino el aprendizaje real.

En nuestro país, donde la política educativa se cocina en el territorio, las provincias y sus gobernadores tienen hoy la oportunidad histórica de liderar este proceso, dictando leyes locales capaces de innovar y diseñadas con los acuerdos necesarios para volverse irreversibles.