En los últimos meses la soberanía volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública. Hablamos de Malvinas, del Atlántico Sur, de la Antártida, de nuestros recursos naturales, de la pesca ilegal y de un escenario internacional en el que la disputa por territorios, recursos estratégicos y capacidades tecnológicas vuelve a marcar la política mundial.

Pero existe una contradicción que la Argentina ya no debería seguir ignorando: hablamos cada vez más de soberanía mientras deterioramos progresivamente algunas de las capacidades indispensables para ejercerla.

Las Fuerzas Armadas son un instrumento esencial de la política de defensa nacional. Fortalecerlas no supone militarizar la política, sino comprender que ningún país puede proteger sus intereses si resigna las capacidades necesarias para hacerlo.

Y allí aparece el problema. Nuestras Fuerzas Armadas no están hoy en condiciones de cumplir plenamente las responsabilidades constitucionales y legales que les corresponden. El presupuesto resulta insuficiente incluso para operar adecuadamente medios ya escasos y comienzan a aparecer síntomas que causan una preocupación urgente que deberían encender las alarmas.

Desde hace largos meses son evidentes tres problemas principales que se agravan y dificultan enormemente el funcionamiento: la crisis de la Obra Social de las FFAA (OSFA) los salarios de los cuadros, y la insuficiencia presupuestaria para permitir el funcionamiento orgánico de las Fuerzas.

Administrar la escasez no puede convertirse en una política de defensa. Frente a la falta de recursos, el Ministerio y los Estados Mayores se ven obligados a ensayar reordenamientos presupuestarios que apenas redistribuyen carencias: decidir qué actividad reducir, qué mantenimiento postergar o qué capacidad dejar sin atender. Cada ajuste interno termina funcionando como una automutilación de capacidades cuya recuperación puede demandar años y mucho más dinero.

El primer daño son los salarios.

Cuando más del 65% de los oficiales y suboficiales perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza que publica el INDEC, el problema deja de ser exclusivamente salarial para transformarse en un problema de defensa nacional.

Las consecuencias ya se sienten. Durante los primeros cinco meses de este año, los pedidos de baja duplicaron los registrados durante todo 2025 y la tendencia se mantiene. Cada baja implica perder años de esfuerzos y sacrificios personales y una importante inversión pública en formación profesional e inversión pública formación, entrenamiento, experiencia e inversión pública. Y detrás de esos números aparecen integrantes de las Fuerzas que enfrentan endeudamiento y dificultades económicas incompatibles con las responsabilidades que el Estado les exige.

Las medidas anunciadas no alcanzan para revertir esa tendencia. El suplemento vinculado a determinados títulos y capacitaciones puede representar un alivio muy moderado para una parte del personal, No resuelve el deterioro estructural de los ingresos y genera, además, un delicado problema de equidad, especialmente con os suboficiales. Ese malestar ya se expresa dentro del personal y no debería ser ignorado.

Tampoco puede naturalizarse que las remuneraciones básicas del personal militar se ubiquen aproximadamente un 26% por debajo de las correspondientes a las Fuerzas de Seguridad, diferencia que en los ingresos efectivos resulta todavía mayor por los suplementos operativos que estas últimas perciben. No se trata de enfrentar unas fuerzas con otras, sino de garantizar remuneraciones acordes con las obligaciones y disponibilidad que el Estado exige.

El segundo daño es la crisis de OSFA.

Más urgente aún es la situación que provoca la crisis de la OSFA que ya no admite más diagnósticos. Un déficit acumulado superior a los 220.000 millones de pesos, abrumadoramente durante el actual gobierno, con tasas de interés corriendo y la suspensión de servicios y medicamentos, se ha convertido en una crisis institucional que afecta profundamente la cohesión de las instituciones verticales

No estamos frente a un problema meramente administrativo. Cuando un piloto, un submarinista, un integrante de una compañía de montaña o un mecánico aeronáutico no sabe si su familia tendrá atención médica se afecta el sentido de pertenencia garantizada una consulta, un medicamento o una internación, se erosiona la confianza del personal y también la capacidad del Estado para exigir el servicio, el compromiso que una función de semejante responsabilidad demanda

El costo no puede ser asumido por el Ministerio de Defensa o los jefes de cada Fuerza no hay solución, ni mejora sustancial, dentro de ese ámbito. OSFA no es una concesión corporativa: es parte de la política de personal y, por lo tanto, de la política de defensa, obviamente, los afectado no tienen cómo responder, están casi indefensos. Resulta indispensable normalizar las prestaciones y avanzar hacia una solución que garantice la sustentabilidad.

El tercer daño es probablemente el menos visible y el más peligroso: la pérdida progresiva de capacidades operativas. Sobre todo, en una actualidad donde las capacidades cambian a la velocidad vertiginosa de la denominada inteligencia artificial.

Una Fuerza Armada no se construye hoy sólo incorporando aviones, buques o vehículos. Esos medios tienen que poder volar, navegar y operar. Para eso hacen falta mantenimiento, repuestos, combustible, infraestructura y entrenamiento. La verdadera capacidad militar de un país no se mide por lo que figura en un inventario, sino por aquello que está efectivamente disponible cuando la Nación lo necesita.

Sin desnaturalizar la misión principal que la ley asigna a las Fuerzas Armadas, existe una capacidad que el país debe aprovechar mejor: su despliegue territorial, su logística y su experiencia para asistir a las comunidades frente a emergencias y necesidades concretas.

Las denominadas misiones subsidiarias, que cumplen todas las Fuerzas Armadas del mundo, son muy importantes frentes a accidentes o catástrofes naturales y antrópicas. De hecho, cada vez que un intendente padece una emergencia de ese tipo recurre automáticamente al auxilio de la guarnición más cercana para obtener ayuda abnegada e inmediata. También pueden existir formas de cooperación, dentro del marco legal correspondiente, para asegurar puentes o mejorar caminos secundarios esenciales para la producción y la conectividad. En ese campo, organismos como el INAES, autoridad federal en materia de cooperativas y mutuales, pueden aportar mecanismos de articulación territorial.

No se trata de reemplazar a los organismos civiles ni de convertir a las Fuerzas Armadas en una agencia de obra pública. Se trata de aprovechar una capacidad estatal entrenada y desplegada en todo el territorio, sin perder nunca de vista su misión principal. La experiencia argentina frente a inundaciones, incendios, temporales y nevadas demuestra el valor de esa presencia.

Pero para que las Fuerzas estén disponibles cuando el país las necesita, primero tienen que estar en condiciones de funcionar. No podemos reclamarle respuesta frente a una emergencia si antes les quitamos recursos para entrenarse y mantener sus medios.

Salarios, salud para las familias y capacidad operativa no son tres discusiones separadas. Son tres manifestaciones de un mismo problema. Un militar que abandona la carrera por razones económicas es una capacidad que el Estado pierde en los hechos.

En una irregularidad de otro tipo, pero igualmente seria, el Poder Ejecutivo acaba de autorizar por DNU la entrada de efectivos militares extranjeros al país y la salida de efectivos nuestros al exterior para participar en operativos conjuntos con otras naciones. Son ejercicios positivos y fundamentales en una política de Defensa asociativa, pero la Constitución es clara al señalar --y así se ha hecho siempre-- que esos desplazamientos militares deben ser autorizados por el Congreso de la Nación.

La Argentina necesita recuperar una mirada estratégica sobre su política de defensa, y esa discusión no puede quedar circunscripta al Poder Ejecutivo. Debe darse también en el Congreso de la Nación. Por todo lo expuesto, la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de convocar a un debate amplio que reúna a las Fuerzas Armadas, universidades, especialistas, centros de estudios estratégicos, industria nacional para la defensa, veteranos y demás actores involucrados. No sólo para discutir salarios o partidas presupuestarias, sino para definir qué Fuerzas Armadas necesita la Argentina en las próximas décadas y qué capacidades debemos preservar y recuperar.

La defensa nacional requiere ser tratada como una política de Estado por encima de las posiciones de facción, con planificación, continuidad y consensos que trasciendan a los gobiernos de turno. Las decisiones que faltan hoy condicionarán durante años la capacidad del Estado para proteger su territorio, sus recursos estratégicos y sostener su presencia en el Atlántico Sur y la Antártida.

Fortalecer nuestras Fuerzas Armadas, subrayamos, no es una reivindicación corporativa ni una concesión sectorial. Es asumir que la defensa nacional es una política de Estado. Requiere personal formado y adecuadamente remunerado, una cobertura de salud digna, equipamiento, mantenimiento, entrenamiento y capacidad operativa.

Porque la soberanía no se declama. Se ejerce.

Y no hay soberanía posible para un país que se resigna a perder las capacidades necesarias para defenderla.