A lo largo de la historia, Argentina ha sido víctima de una trágica miopía política: la incapacidad de comprender que el conocimiento y la ciencia son los verdaderos motores del desarrollo de un país. Lejos de ser un fenómeno reciente, el desfinanciamiento, la estigmatización y la persecución de la comunidad científica constituyen una constante histórica donde distintos gobiernos han visto en la investigación un enemigo o un gasto prescindible, no un activo estratégico.

Las embestidas contra el saber tienen antecedentes profundos. Tras el golpe de Estado de 1943, el gobierno de facto interrumpió las actividades del Instituto de Fisiología de la UBA y despidió a Bernardo Houssay por firmar una solicitada a favor de la democracia. Luego, con la llegada del General Juan Domingo Perón a la presidencia en 1946, se intervinieron las universidades, suprimiendo la autonomía y el cogobierno que trajo la Reforma de 1918. Cerca de 1.250 profesores fueron cesanteados o forzados a renunciar.

La insensatez alcanzó su cúspide en 1947. Mientras Houssay era galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, el primero de Latinoamérica en ciencias, su cátedra universitaria no le fue restituida. Años más tarde, tras la caída del peronismo, sería el propio Houssay la pieza clave para fundar en 1958 el CONICET, pilar fundamental del desarrollo científico argentino.

Un paradigma opuesto se vivió en los Estados Unidos, aunque no exento de tensiones ideológicas. En la Universidad de Michigan, por ejemplo, los profesores Chandler Davis, Mark Nickerson y Clement Markert fueron investigados en 1954 por el Comité de Actividades Antiestadounidenses y luego interrogados tras ser acusados de vinculación con el Partido Comunista. Davis invocó la Primera Enmienda, negándose a responder, por lo cual fue encarcelado seis meses por desacato. Junto a Nickerson, quien usó la Quinta como defensa, fueron despedidos. Mientras tanto, Markert fue censurado y terminó renunciando.

Sin embargo, aún bajo tal paranoia, en Washington entendieron la ciencia como una cuestión de Estado imprescindible para el desarrollo. Esta orientación estratégica halló su punto de inflexión el 4 de octubre de 1957 cuando la Unión Soviética puso en órbita el Sputnik 1, el primer satélite artificial a nivel mundial. Para Estados Unidos aquello constituyó una suerte de “Pearl Harbor tecnológico”. Lejos de responder mediante la asfixia presupuestaria o de tildar de ineficiente a la comunidad científica, la Casa Blanca optó por el financiamiento masivo de la educación y la investigación.

En 1958, el presidente Eisenhower promulgó la National Defense Education Act, destinando más de 1.000 millones de dólares (unos U$S 12.000 millones actuales) para expandir las universidades, fundar la NASA y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, entidad que entre sus logros se arroga la creación del GPS. Se logra duplicar la matrícula universitaria en una década, la que pasa de 3,6 millones en 1960 (similar a la actual en Argentina) a más de 7,5 millones para 1970. En lugar de desmantelar el aparato científico-educativo por sospechas ideológicas, lo potenciaron.

En la vereda opuesta, la violencia e intolerancia institucional argentina tuvo uno de sus episodios más oscuros el 29 de julio de 1966. Apenas un mes después de derrocar al presidente Arturo Illia, el régimen del general Juan Carlos Onganía ordenó la intervención de las universidades para “erradicar la infiltración marxista”. Alrededor de las 10 de la noche la Policía Federal irrumpió con violencia en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA en la trágicamente recordada Noche de los Bastones Largos.

Aquella embestida, que sentenció a un total de cinco facultades de la universidad, no solo dejó a los docentes ensangrentados contra el pabellón de Perú 222, sino una hemorragia irreparable. Más de 700 investigadores de excelencia -entre ellos Manuel Sadosky, Gregorio Klimovsky y Mariana Weissmann- renunciaron o se exiliaron. Asimismo, se desmanteló el Instituto de Cálculo que albergaba a Clementina, la primera computadora científica del país.

A seis décadas de aquel trágico e irreparable episodio y del posterior vaciamiento durante la dictadura de 1976, donde el 21% de los desaparecidos eran estudiantes y el 5% docentes de acuerdo con el informe de la CONADEP, el fantasma de la degradación científica vuelve a rondar las aulas y laboratorios. Actualmente, el sistema científico y universitario atraviesa un proceso vertiginoso de desfinanciamiento.

Salarios de investigadores y docentes licuados por la inflación, becas congeladas y paralización de subsidios para proyectos. Jóvenes talentos formados con el esfuerzo de toda la sociedad vuelven a mirar hacia el exterior, regalando un capital humano invalorable para el país. La narrativa que busca instalar a las ciencias sociales o la investigación pura como un gasto inútil o un reducto ideológico reincide en los mismos errores del pasado.

Si bien la pérdida de competitividad de la ciencia argentina es un problema estructural que trasciende a la gestión actual, y entendiendo que los fondos públicos deben asignarse sin banderías políticas y de forma racional -con la sola eliminación del ilógico régimen de promoción de Tierra del Fuego podría aumentarse la inversión estatal en C&T en aproximadamente un 50%-, equilibrar las cuentas públicas estrangulando al sistema científico no es solo un error de coyuntura sino una trampa mortal para el futuro del país. Como bien advertía el propio Bernardo Houssay, “la ciencia no es cara, cara es la ignorancia”.