Moderar los costos de la política
Indagar sobre los costos de la política en función de la inabarcable configuración de los tres poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) puede demandar una aventura de imposible resolución.
Las proyecciones de gastos que fijan los presupuestos de cada administración son inconmensurables y pocas veces alcanzan para cumplir las metas de rigor. Por citar un caso, no hay caja que aguante el nivel de gastos cuando llega el momento de hacer números respecto del generoso paquete de fondos destinados al pago de salarios.
No entra en discusión el derecho de quienes trabajan a recibir una remuneración digna; lo que sí llega a sorprender en algunos ámbitos es la exponencial dotación de servidores públicos que ocupa el Estado en toda su extensión, incluidos los infaltables acomodados que cobran y no trabajan.
Todo es un enigma, aunque, evaluado por sectores, el asunto puede arrojar resultados concretos. En ese sentido, y como informamos días atrás, la Fundación Libertad publicó su “informe anual sobre los concejos deliberantes”, a través del cual formula una comparación sobre el nivel de gastos de los ediles en las principales ciudades de la Argentina.
En ese orden, es posible conocer que en 2024 cada concejal de la ciudad de Córdoba le costó al fisco $ 285.120.988. La cifra se desprende de dividir a los 31 concejales que integran el organismo por el presupuesto asignado, que alcanzó este año $ 8.838.750.629.
Con todo, Córdoba capital no es la más gastadora, pues se ubica en séptimo lugar detrás de Rosario, donde cada edil insumió casi lo mismo. Al tope de la tabla se ubica San Miguel de Tucumán, con $ 668,3 millones per capita.
El dato distintivo del estudio radica en que la mayor parte del gasto se destina a personal, ya no sólo tomando el salario de los parlamentarios, sino también el referido a secretarias, a asesores y a empleados de planta o contratados en general.
No es un dato menor: señala el trabajo que, en la mayoría los municipios evaluados, la erogación en personal orilla el 87% y en otros llega al 90%.
No es novedoso que los poderes legislativos nacionales, provinciales y municipales mutan en ocasiones a verdaderas bolsas de trabajo, donde nadie sabe qué hacen muchos de sus dependientes. Son los infalibles beneficiados en grado de “ñoquis”.
Un fenómeno que se observa también en la Justicia federal y provincial (Córdoba no es la excepción) con los ingresos amañados y sin concurso previo.
La necesidad de moderar los costos de la política cobra dimensión en tiempos de una crisis económica signada por la pobreza de millones de argentinos.
La gente escucha con estupor y resignación que desde enero los senadores nacionales pasarán a cobrar $ 9,5 millones, en virtud de la polémica ley de enganche que les permite actualizar sus dietas conforme a los incrementos que se pautan para los miles de agentes de esa cámara.
Son los costos de la política prebendaria que hay que revisar.
