Un crecimiento que no es igual para todos
La economía argentina creció 3,9% en términos desestacionalizados en el tercer trimestre de este año, con respecto al período abril-junio. No obstante, aún se encuentra 2,1% por debajo del nivel del producto interno bruto (PIB) del tercer trimestre de 2023.
El dato difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) generó euforia en el gobierno de Javier Milei, pese a que recién es el primer dato positivo desde fines del año pasado.
La recuperación se basó en un aumento de las importaciones (9,1%) y del consumo, tanto privado (4,6%) como público (0,7%), en relación con el trimestre precedente.
En los procesos de ajuste, es normal que la actividad comience a dar señales de reanimación luego de una fuerte caída, como la que se registró desde diciembre de 2023 hasta el primer semestre de este año.
La gestión de Milei logró una marcada desaceleración de la inflación y una estabilidad en la cotización del dólar, más allá de la devaluación mensual de 2%; el cierre de la emisión de pesos, y un fuerte ajuste fiscal en la administración central y en organismos oficiales.
Sin embargo, esas medidas tuvieron un marcado impacto en los sectores más vulnerables e, incluso, golpearon a grupos de la clase media, influenciados por el alza del costo de los servicios.
Las situaciones de marginalidad y de pobreza se multiplicaron a lo largo del país, lo que llevó a la Iglesia Católica argentina a emitir un duro documento sobre esta situación, al tiempo que reclamó mayor celeridad en el reparto de alimentos y en la ayuda a los jubilados.
Los buenos números que festejan los funcionarios de Milei no alcanzan a todos los sectores, que tienen una recuperación dispar, ni a todos los trabajadores.
Los haberes de los jubilados nacionales suponen una pérdida de calidad de vida para sus beneficiarios, más allá de que en los últimos meses los montos superan en unos puntos porcentuales a la inflación.
La industria y la construcción son los sectores que han registrado las mayores pérdidas de puestos de trabajo, con una mejora salarial insuficiente para los operarios frente a la suba de precios.
Estas disparidades debieran obligar al Gobierno nacional a acelerar las reformas impositiva y laboral, que faciliten una reducción de costos, frente a la competencia externa.
Ambos instrumentos, que la administración actual parece manejar con una cautela preocupante, servirían para el sostén de miles de pequeñas y medianas empresas que enfrentan una fuerte competencia ante el ingreso de bienes importados.
Las agencias de contratación de empleados no prevén una recuperación significativa en el primer cuatrimestre de 2025.
Sin menoscabar los logros del Gobierno en el primer año de gestión, la apertura que alientan las autoridades –a través de la reducción de trabas burocráticas y la estabilidad cambiaria– puede generar un escenario preocupante en materia de actividad y de empleo.
La gestión deberá concentrarse ahora en lograr una recuperación sustentable, que atienda la realidad de las distintas regiones del país y de los actores sociales.
