Las jubilaciones perdieron casi un cuarto de poder adquisitivo en lo que va de 2024
Las jubilaciones y pensiones perdieron casi un cuarto de su poder adquisitivo en diez meses del gobierno de Javier Milei, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que de esta forma cuestiona el discurso oficial.
En diferentes oportunidades Milei destacó que los haberes jubilatorios habían mejorado durante su mandato, pero cuando se los compara con los meses previos a su asunción los resultados, por el momento, dejan números en rojo.
El trabajo difundido este viernes señala que “el poder de compra promedio de diez meses de 2024 registra una caída real de 23,3% respecto a igual período de 2023”. Con relación a los haberes mínimos incluidos los bonos indicó que “perdieron 16,9%”.
El documento sostiene que “el gasto en jubilaciones y pensiones cae como consecuencia de la actualización de haberes por debajo de la inflación, parcialmente compensado por la aplicación de bonos a los haberes mínimos”.
De esta forma, los datos de OPC exponen que el equilibrio presupuestario y “el ajuste más grande de la historia de la humanidad” que subraya el presidente, tiene un alto componente de impacto sobre la clase pasiva.
Cabe puntualizar que la OPC es una dependencia independiente del Congreso Nacional que elabora informa sobre los diferentes temas económicos que involucran a la vida pública.
El informe también demuestra que los más perjudicados fueron quienes cobran los sueldos mínimos por la decisión del gobierno de no actualizar los bonos por la variación de precios. La compensación se mantiene en $ 70.000 desde marzo y no está previsto cambios en el presupuesto 2025.
OPC puntualizó que a partir del ajuste por IPC en octubre los haberes superiores a la mínima registran un alza real de 11,3%, mientras que las remuneraciones base perdieron 5,8%.
Asimismo, la oficina señaló que “desde marzo el gasto en jubilaciones y pensiones viene desacelerando su caída: en el acumulado a octubre bajó 18,9% real, 13,2 puntos por debajo de la caída máxima que se había registrado en febrero”.
El total del gasto del Estado entre enero y octubre tuvo una baja real de 27,7% y la mayor porción de ese recorte 6,5 puntos corresponde a jubilaciones y pensiones.
Si bien hubo otros gastos que sufrieron recortes mayores, el volumen que representa esta obligación los pone al frente de las áreas más afectadas por la “motosierra” de Milei.
En porcentaje, la poda más fuerte en diez meses de este año corresponde a “gastos de capital” con una merma de 77,5% (significa un aporte de 5,5% a la baja total). Al desglosar este ítem se observan recortes en áreas sensibles. Por ejemplo a la Dirección Nacional de Vialidad se le quitó más del 81% de sus recursos, lo cual tiene efecto directo en el mantenimiento de rutas que impacta directamente sobre la vida de las personas. La partida para la inversión en obra pública desapareció: -96,9%.
Otro ítem sensible del componente del gasto son recortes que se produjeron en programas sociales.
El informe de OPC muestra que el poder adquisitivo de la Prestación Alimentar se redujo 14,6% en el acumulado de los diez meses de 2024. Aunque aclaró que para este resultado incidió que hubo un aumento en la cantidad de beneficiario de estos planes.
También hubo una merma en los fondos del plan “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social (ex Potenciar Trabajo)”, que provocaron una contracción del poder de compra de 52%, dado que los ajustes estuvieron por debajo de la inflación.
Del 27,2% de caída del gasto 2,7 puntos lo explican el recorte de subsidios a la energía. Las transferencias a la empresa Cammesa, que es la que administra el servicio, bajaron 30%. Sobre esta partida seguirá trabajando el gobierno ya que evalúa un cambio en el otorgamiento de subsidios para 2025, los que quedarían reducidos a sólo los sectores de bajos recursos y hasta un límite de consumo. El ajuste en subsidios al transporte generó 1 punto de la baja total.
A su vez, 2,5 puntos del total del recorte del gasto corresponden a la eliminación del FONID, el plan por el cual las provincias recibían una compensación para mejorar los salarios docentes.
En lo que refiere al controvertido tema universitario, la OPC precisó que la quita a las transferencias a las casas de altos estudios, aportó 1 punto de la disminución total. Los fondos para el pago de salarios bajaron 29%, para funcionamiento 17% y 9% disminuyó la asistencia a los hospitales provinciales.
