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Bajo palabra: inquietud en la UCR por el cambio de Llaryora

El gobernador Martín Llaryora movió una sola pieza en su gabinete, pero el efecto político fue mucho mayor que el alcance formal de la decisión. El exintendente de Alta Gracia, Marcos Torres (quien pidió licencia en su ciudad) reemplazó a la schiarettista Laura Jure.

Legislador. Arduh seguirá como presidente del bloque de Juntos por el Cambio.

En los papeles fue un cambio puntual. En la práctica, muchos lo leen como la señal de un viraje más profundo. Hasta las elecciones legislativas de octubre pasado, la prioridad del mandatario era ampliar el oficialismo con intendentes y dirigentes radicales, del PRO y vecinalistas. Ahora, en cambio, Llaryora parece haber girado el timón hacia adentro del PJ. En los próximos días se oficializaría el desembarco de varios intendentes peronistas del interior en cargos de segundas líneas ministeriales, consolidando ese repliegue hacia la estructura propia.

Algunos nombres ya están confirmados. Agustín González, ahora exintendente de Cruz Alta, será el segundo del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Fabricio Díaz, intendente de Capilla del Monte, asumirá en una secretaría de Infraestructura del Ministerio de Cooperativas. A esa misma cartera también podría sumarse el intendente de Idiazábal, Juan Pablo Vassia.

La posible salida de Arduh encendió luces de alerta entre más de 50 intendentes radicales que se habían sumado al oficialismo. Para ellos, el dirigente era el nexo directo con el Centro Cívico y su eventual traslado a la Defensoría del Pueblo provincial implicaría perder un canal de interlocución clave.

También observan con inquietud esta “peronización” de la gestión provincial los radicales que responden a la vicegobernadora Myrian Prunotto

Un asesor de Juez juega de defensor del Chiqui Tapia

La flexibilidad de Luis Juez al momento de sellar alianzas electorales y encolumnarse detrás de proyectos políticos es conocida y está avalada por decenas de ejemplos a lo largo de su extensa carrera. Esta cualidad parece haber sido transmitida a miembros de su equipo, que ahora abrazan consignas libertarias cuando antes hicieron lo propio con banderas progresistas.

Claudio “Chiqui” Tapia reapareció en medio de la tormenta: respaldó a los árbitros en la fiesta anual de la UADA. (Instagram Chiqui Tapia).

Es el caso de Marcelo Lemos, hombre fuerte de Racing de Nueva Italia y asesor de Luis Juez en el Senado, donde opera en la planta permanente en la categoría A-14, la más baja de la estructura de personal. Antes, Lemos estuvo en planta transitoria, pero ahora ya ocupa un puesto fijo en el Congreso.

Lo cierto es que mientras Juez formalizaba su ingreso al bloque de La Libertad Avanza, Lemos salía a defender impetuosamente a Claudio “Chiqui” Tapia, el mandamás de la AFA que está en la mira de la Justicia por los supuestos delitos financieros y económicos; investigaciones que son impulsadas por el Gobierno nacional.

La guerra desatada entre Milei y Tapia no es nueva, pero el capítulo judicial puede llevar a la cárcel al presidente jefe del fútbol argentino justo en el año en el cual la Selección defenderá el título mundial que obtuvo en Qatar.

En el contexto de esa pelea a todo o nada el asesor de Juez salió a bancar los trapos de Tapita: Lemos, secretario General de Racing de Córdoba y miembro de la Asociación Cordobesa de Fútbol, dijo en redes sociales que la denuncia contra “Chiqui” es “puro humo”, con el objetivo de tapar la fuerte crisis de la economía real y el aumento de la inflación de los últimos meses.

“Humo para tapar la realidad; circo. Fijate el supermercado, el dólar, y esperá las facturas de servicios” escribió Lemos en un posteo junto a una captura de pantalla de la web de La Voz en la que se daba cuenta de uno de las patas de investigación abierta contra el líder de la AFA: “De Sur Finanzas a las cuentas de Estados Unidos”, era el título.

“Tranquilo, no pasa nada”

“Te juro que no pasa nada”. La frase, de un técnico a un alto funcionario, se escuchó en el Centro Cívico horas antes de que Córdoba confirmara a comienzos de año que no daría marcha atrás con la nueva canasta del IPC, a diferencia del Indec, que decidió postergar el cambio metodológico.

La salida de Marco Lavagna del organismo nacional coincidió con la decisión del Ministerio de Economía de frenar la actualización. La afirmación fue en respuesta a la versión de que una nueva estructura, con mayor peso de los servicios, podría alterar (hasta arriba) el resultado del índice en un momento sensible.

Protesta. El titular del SEP, Sergio Castro, encabezó este jueves una protesta en Río Cuarto, igual a la que el miércoles hicieron en la ciudad de Córdoba.

El problema es que los salarios de los empleados públicos provinciales se ajustan por el IPC local, no por el nacional. Una diferencia importante entre ambos indicadores implica millones adicionales en el ajustadísimo presupuesto de Martín Llaryora.

De allí la necesidad de transmitir tranquilidad. Según repiten los técnicos provinciales, la estructura de precios en Córdoba (con tarifas y transporte que ya acumulan fuertes subas desde antes) no debería generar un salto extra por el cambio de canasta. Al menos, esa es la apuesta. “Ok, pero espero que sea sí porque Martín nos mata, eh”, respondió, algo desconfiado, el funcionario.

Desarrollo Social: motivos políticos en el cambio de Torres por Jure

La designación de Marcos Torres en lugar de Laura Jure al frente del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo generó comentarios en el PJ, sobre todo porque Jure era considerada la ministra más cercana al exgobernador Juan Schiaretti.

Desde el Centro Cívico negaron cualquier lectura interna. “Fue un cambio político, y Laura lo entendió perfectamente. Por eso seguirá como secretaria general, con rango de ministra, en el Ministerio de Cooperativas”, explicó un hombre de confianza del gobernador.

Laura Jure, ministra de Desarrollo Social de Córdoba, en el programa Voz y Voto.  (Nicolás Bravo / La Voz)

La explicación oficial apunta a una razón estratégica: Marcos Torres es el único intendente de las ciudades “grandes” que no tiene posibilidad de reelección. Su salida del municipio le permitirá ordenar la sucesión y respaldar al intendente interino Jorge “el Ruso” De Nápoli, quien quedó al frente de la gestión en Alta Gracia.

Pero hay un cálculo adicional. Facundo Torres, presidente del bloque oficialista en la Legislatura, tampoco tiene reelección como legislador. En ese tablero, la jugada de Llaryora sería posicionar a Marcos Torres en Desarrollo Social para que gane volumen político y se proyecte como eventual candidato a legislador departamental por Santa María.

En el entorno schiarettista aseguran que Jure quedó conforme tras reunirse con el gobernador. Mantendrá el rango de ministra como secretaria general en Cooperativas y conservará bajo su órbita las secretarías de Urbanización, Emprendedurismo y Escrituración.

Jure, junto a Liliana Montero (Salud) y María Victoria Flores (Educación), son las únicas secretarias generales con rango de ministras. Mientras tanto, en la oposición ya toman nota: el reordenamiento del gabinete se convirtió también en un argumento para cuestionar el gasto político de la gestión llaryorista.

Equidad de género, batalla perdida en el gabinete de Llaryora

Baja de impuestos, baja de la edad de imputabilidad, apoyo a la reforma laboral, son muchos los temas centrales de la agenda libertaria que contaron con el apoyo del peronismo cordobés en las últimas semanas. Pero hay un frente en el que el Gobierno de Martín Llaryora supera al de Javier Milei: el desconocimiento de toda noción de equidad de género en el equipo de decisiones.

Liliana Montero en el programa Voz y Voto.  (Nicolás Bravo / La Voz)

Desde esta semana, con la salida de Laura Jure del gabinete, ningún ministerio estará encabezado por una mujer. Hasta hace algunas semanas, había tres ministras: Jure en Desarrollo Social, Liliana Montero en Capital Humano y Victoria Flores en Ambiente. Hoy las tres pasaron a ser segundas de otros ministerios conducidos por hombres, con cargos de secretarias o secretarias generales.

La tendencia no es nueva, pero se agudizó en 2026. De hecho, desde el vamos Llaryora, al igual que Milei, eliminó el Ministerio de la Mujer. Esa cartera sólo existió en la Provincia entre 2019 y 2023, cuando estuvo encabezada por Claudia Martínez.

Un cambio radical

Aunque aún restan varios meses para el recambio de autoridades en la Unión Cívica Radical, comenzaron los sondeos para ver quién sucederá a Marcos Ferrer, el intendente de Río Tercero y presidente albirrojo.

A los radicales no hace falta recordarles el traumático proceso interno que derivó en la pérdida absoluta de bancas radicales cordobesas en el Congreso Nacional. Pero varios le pasan factura a Ferrer por la falta de conducción de la interna, que derivó en la pésima elección de Ramón Mestre.

Como sea, Rodrigo de Loredo comenzó a mover las fichas para quedarse con el control del partido, una herramienta que será clave en el armado opositor de 2027, donde él aspira a quedarse con la candidatura a gobernador.

Asamblea. El diputado nacional Rodrigo de Loredo, y el presidente del bloque radical en la Legislatura, Matías Gvozdenovich, participaron de la asamblea ruralista en Río Cuarto.

Así, comenzó a sonar el nombre de Matías Gvozdenovich como el probable sucesor de Ferrer. El actual jefe de bloque de legisladores provinciales de la UCR ofrece un estilo de conducción “idéntico” al que tuvo en la bancada, con diálogo con todos los sectores internos.

“Matías tiene el perfil indicado”, confiaron fuentes cercanas a De Loredo, quien opera en la sucesión en la presidencia del partido radical. Con Gvozdenovich ubicado en el tercer piso de la Casa Radical, De Loredo se aseguraría un puro. Como si fuera poco, Gvozdenovich sostiene, convencido, que De Loredo es mejor candidato que Luis Juez y Gabriel Bornoroni. Apuntala esa opinión con encuestas.

En el bloque radical, algunos legisladores comenzaron a preguntarse si Gvozdenovich, eventualmente, podría conducir el partido y al bloque. Asoma otra disputa.

​El gobernador Martín Llaryora movió una sola pieza en su gabinete, pero el efecto político fue mucho mayor que el alcance formal de la decisión. El exintendente de Alta Gracia, Marcos Torres (quien pidió licencia en su ciudad) reemplazó a la schiarettista Laura Jure.En los papeles fue un cambio puntual. En la práctica, muchos lo leen como la señal de un viraje más profundo. Hasta las elecciones legislativas de octubre pasado, la prioridad del mandatario era ampliar el oficialismo con intendentes y dirigentes radicales, del PRO y vecinalistas. Ahora, en cambio, Llaryora parece haber girado el timón hacia adentro del PJ. En los próximos días se oficializaría el desembarco de varios intendentes peronistas del interior en cargos de segundas líneas ministeriales, consolidando ese repliegue hacia la estructura propia.Algunos nombres ya están confirmados. Agustín González, ahora exintendente de Cruz Alta, será el segundo del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Fabricio Díaz, intendente de Capilla del Monte, asumirá en una secretaría de Infraestructura del Ministerio de Cooperativas. A esa misma cartera también podría sumarse el intendente de Idiazábal, Juan Pablo Vassia.La posible salida de Arduh encendió luces de alerta entre más de 50 intendentes radicales que se habían sumado al oficialismo. Para ellos, el dirigente era el nexo directo con el Centro Cívico y su eventual traslado a la Defensoría del Pueblo provincial implicaría perder un canal de interlocución clave.También observan con inquietud esta “peronización” de la gestión provincial los radicales que responden a la vicegobernadora Myrian PrunottoUn asesor de Juez juega de defensor del Chiqui TapiaLa flexibilidad de Luis Juez al momento de sellar alianzas electorales y encolumnarse detrás de proyectos políticos es conocida y está avalada por decenas de ejemplos a lo largo de su extensa carrera. Esta cualidad parece haber sido transmitida a miembros de su equipo, que ahora abrazan consignas libertarias cuando antes hicieron lo propio con banderas progresistas.Es el caso de Marcelo Lemos, hombre fuerte de Racing de Nueva Italia y asesor de Luis Juez en el Senado, donde opera en la planta permanente en la categoría A-14, la más baja de la estructura de personal. Antes, Lemos estuvo en planta transitoria, pero ahora ya ocupa un puesto fijo en el Congreso.Lo cierto es que mientras Juez formalizaba su ingreso al bloque de La Libertad Avanza, Lemos salía a defender impetuosamente a Claudio “Chiqui” Tapia, el mandamás de la AFA que está en la mira de la Justicia por los supuestos delitos financieros y económicos; investigaciones que son impulsadas por el Gobierno nacional.La guerra desatada entre Milei y Tapia no es nueva, pero el capítulo judicial puede llevar a la cárcel al presidente jefe del fútbol argentino justo en el año en el cual la Selección defenderá el título mundial que obtuvo en Qatar.En el contexto de esa pelea a todo o nada el asesor de Juez salió a bancar los trapos de Tapita: Lemos, secretario General de Racing de Córdoba y miembro de la Asociación Cordobesa de Fútbol, dijo en redes sociales que la denuncia contra “Chiqui” es “puro humo”, con el objetivo de tapar la fuerte crisis de la economía real y el aumento de la inflación de los últimos meses.“Humo para tapar la realidad; circo. Fijate el supermercado, el dólar, y esperá las facturas de servicios” escribió Lemos en un posteo junto a una captura de pantalla de la web de La Voz en la que se daba cuenta de uno de las patas de investigación abierta contra el líder de la AFA: “De Sur Finanzas a las cuentas de Estados Unidos”, era el título.“Tranquilo, no pasa nada”“Te juro que no pasa nada”. La frase, de un técnico a un alto funcionario, se escuchó en el Centro Cívico horas antes de que Córdoba confirmara a comienzos de año que no daría marcha atrás con la nueva canasta del IPC, a diferencia del Indec, que decidió postergar el cambio metodológico.La salida de Marco Lavagna del organismo nacional coincidió con la decisión del Ministerio de Economía de frenar la actualización. La afirmación fue en respuesta a la versión de que una nueva estructura, con mayor peso de los servicios, podría alterar (hasta arriba) el resultado del índice en un momento sensible.El problema es que los salarios de los empleados públicos provinciales se ajustan por el IPC local, no por el nacional. Una diferencia importante entre ambos indicadores implica millones adicionales en el ajustadísimo presupuesto de Martín Llaryora.De allí la necesidad de transmitir tranquilidad. Según repiten los técnicos provinciales, la estructura de precios en Córdoba (con tarifas y transporte que ya acumulan fuertes subas desde antes) no debería generar un salto extra por el cambio de canasta. Al menos, esa es la apuesta. “Ok, pero espero que sea sí porque Martín nos mata, eh”, respondió, algo desconfiado, el funcionario.Desarrollo Social: motivos políticos en el cambio de Torres por JureLa designación de Marcos Torres en lugar de Laura Jure al frente del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo generó comentarios en el PJ, sobre todo porque Jure era considerada la ministra más cercana al exgobernador Juan Schiaretti.Desde el Centro Cívico negaron cualquier lectura interna. “Fue un cambio político, y Laura lo entendió perfectamente. Por eso seguirá como secretaria general, con rango de ministra, en el Ministerio de Cooperativas”, explicó un hombre de confianza del gobernador.La explicación oficial apunta a una razón estratégica: Marcos Torres es el único intendente de las ciudades “grandes” que no tiene posibilidad de reelección. Su salida del municipio le permitirá ordenar la sucesión y respaldar al intendente interino Jorge “el Ruso” De Nápoli, quien quedó al frente de la gestión en Alta Gracia.Pero hay un cálculo adicional. Facundo Torres, presidente del bloque oficialista en la Legislatura, tampoco tiene reelección como legislador. En ese tablero, la jugada de Llaryora sería posicionar a Marcos Torres en Desarrollo Social para que gane volumen político y se proyecte como eventual candidato a legislador departamental por Santa María.En el entorno schiarettista aseguran que Jure quedó conforme tras reunirse con el gobernador. Mantendrá el rango de ministra como secretaria general en Cooperativas y conservará bajo su órbita las secretarías de Urbanización, Emprendedurismo y Escrituración.Jure, junto a Liliana Montero (Salud) y María Victoria Flores (Educación), son las únicas secretarias generales con rango de ministras. Mientras tanto, en la oposición ya toman nota: el reordenamiento del gabinete se convirtió también en un argumento para cuestionar el gasto político de la gestión llaryorista.Equidad de género, batalla perdida en el gabinete de LlaryoraBaja de impuestos, baja de la edad de imputabilidad, apoyo a la reforma laboral, son muchos los temas centrales de la agenda libertaria que contaron con el apoyo del peronismo cordobés en las últimas semanas. Pero hay un frente en el que el Gobierno de Martín Llaryora supera al de Javier Milei: el desconocimiento de toda noción de equidad de género en el equipo de decisiones.Desde esta semana, con la salida de Laura Jure del gabinete, ningún ministerio estará encabezado por una mujer. Hasta hace algunas semanas, había tres ministras: Jure en Desarrollo Social, Liliana Montero en Capital Humano y Victoria Flores en Ambiente. Hoy las tres pasaron a ser segundas de otros ministerios conducidos por hombres, con cargos de secretarias o secretarias generales.La tendencia no es nueva, pero se agudizó en 2026. De hecho, desde el vamos Llaryora, al igual que Milei, eliminó el Ministerio de la Mujer. Esa cartera sólo existió en la Provincia entre 2019 y 2023, cuando estuvo encabezada por Claudia Martínez.Un cambio radicalAunque aún restan varios meses para el recambio de autoridades en la Unión Cívica Radical, comenzaron los sondeos para ver quién sucederá a Marcos Ferrer, el intendente de Río Tercero y presidente albirrojo.A los radicales no hace falta recordarles el traumático proceso interno que derivó en la pérdida absoluta de bancas radicales cordobesas en el Congreso Nacional. Pero varios le pasan factura a Ferrer por la falta de conducción de la interna, que derivó en la pésima elección de Ramón Mestre.Como sea, Rodrigo de Loredo comenzó a mover las fichas para quedarse con el control del partido, una herramienta que será clave en el armado opositor de 2027, donde él aspira a quedarse con la candidatura a gobernador.Así, comenzó a sonar el nombre de Matías Gvozdenovich como el probable sucesor de Ferrer. El actual jefe de bloque de legisladores provinciales de la UCR ofrece un estilo de conducción “idéntico” al que tuvo en la bancada, con diálogo con todos los sectores internos.“Matías tiene el perfil indicado”, confiaron fuentes cercanas a De Loredo, quien opera en la sucesión en la presidencia del partido radical. Con Gvozdenovich ubicado en el tercer piso de la Casa Radical, De Loredo se aseguraría un puro. Como si fuera poco, Gvozdenovich sostiene, convencido, que De Loredo es mejor candidato que Luis Juez y Gabriel Bornoroni. Apuntala esa opinión con encuestas.En el bloque radical, algunos legisladores comenzaron a preguntarse si Gvozdenovich, eventualmente, podría conducir el partido y al bloque. Asoma otra disputa.  La Voz

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