La prórroga de Dioxitek quedó en suspenso: el Juzgado federal exige certificaciones de ARN, de Bomberos y de Ambiente
Esta reunión podría haber sido un email. El dicho se hizo literal este jueves lluvioso y con un edificio de Tribunales federales afantasmado por el paro general que tuvo entre los empleados judiciales de la Nación fuerte adhesión.
A las 9 estaba citada la audiencia y a las 9.02 se suspendió. Las dos partes, por motivos diferentes, habían pedido que se reprograme, puesto que era un resultado cantado que no iba a salir de esta reunión nada resolutivo, muy diferente a la expectativa que existía hasta antes de la publicación de la investigación de La Voz que develó deficiencias de medidas de seguridad contra incendios y al menos dos incidentes de diseminación de material potencialmente peligroso no reportados a la población.
“Atento las razones invocadas, suspéndase la audiencia fijada para el día de la fecha. Líbrese oficio a la Autoridad Regulatoria Nuclear, a la Comisión Nacional de Energía Atómica, a la Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia de Córdoba, a la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba a los fines solicitados”, dice la resolución firmada por la secretaria del Juzgado, Regina Uriburu.
La funcionaria explicó a La Voz que recién se acordará la fecha de una nueva audiencia cuando se presenten estos documentos, que fueron pedidos como condición para proseguir las conversaciones en torno a una extensión de ocho años del permiso precario para operar en la ciudad por los abogados del municipio capitalino.
Lo que no tomó el Juzgado es el plazo perentorio que solicitó la Municipalidad: 24 horas, con advertencia de hacer cesar la actividad de la planta si no se remiten los documentos que pongan en negro sobre blanco las condiciones de seguridad del proceso de fabricación del combustible nuclear, así como las habilitaciones de Bomberos y el okey de la Secretaría de Ambiente de la Provincia al plan de gestión de residuos peligrosos.
El pedido de los abogados del municipio dice, en forma textual: “Requiera de manera urgente a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN); a la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea); a la Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia de Córdoba; a la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, y a toda otra autoridad competente, informes técnicos sobre la fiscalización y el monitoreo sobre la gestión de la planta Dioxitek y el pasivo ambiental contingente en el sector denominado ‘el chichón’, dando cuenta de los resultados de auditorías, informe de episodios y eventos críticos, estado actual de la planta, sistemas de gestión actual de residuos radiactivos y peligrosos, empresas y terceros contratados para la gestión de las distintas etapas de la producción, consultorías realizadas, autoridades auditoras, resultados de informes de impacto ambiental y radiológico y todo otro dato de interés, ello en el plazo de 24 horas, bajo apercibimiento de ordenar la suspensión de las actividades de la planta sobre la base de los principios preventivo y precautorio”.
Los abogados municipales escribieron en su pedido al juez que “resulta fundamental requerir a las autoridades competentes en materia radiológica (ARN) informes técnicos especializados que den cuenta de la situación actual de la mencionada planta y los procesos productivos allí desarrollados; incidentes o eventos críticos anoticiados; resultados de auditorías ambientales/radiológicas; sistemas de gestión de residuos peligrosos y radiactivos conforme a las leyes vigentes; como también a toda autoridad encargada del monitoreo y fiscalización de las actividades de Dioxitek, incluido también el monitoreo, la fiscalización y gestión de los desechos radiactivos localizados en el sector denominado ‘el chichón’ de Alta Córdoba a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica”.
También se pidió que se oficie a la Dirección de Bomberos y a la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía para que informen cuál es la situación de la empresa frente a ellos. La Voz informó que la empresa no cuenta con habilitación de Bomberos ni presentó su plan de gestión ambiental -con foco en residuos peligrosos- en Ambiente de la Provincia.
Dioxitek funciona desde 1983 en un predio ubicado en una zona residencial que linda con barrio Alta Córdoba y Villa El Nylon. En 1985 se sancionó la ordenanza 8.133, que establece la normativa de uso de suelo en la ciudad y prohíbe la actividad industrial que desarrolla Dioxitek en todo el ejido capitalino. Desde esa fecha, se acuerdan prórrogas y habilitaciones precarias, con un hito en 2014 con la clausura de la fábrica.
Piden un estudio independiente
La legisladora radical Brenda Austin presentó un proyecto de resolución en el que insta al Poder Ejecutivo a que, mediante los organismos competentes en materia de seguridad industrial y prevención de incendios, verifique de manera inmediata las condiciones actuales de funcionamiento del establecimiento y exija las adecuaciones correspondientes conforme a la normativa vigente. Lo más novedoso es que Austin también propone “la realización de una evaluación técnica externa e independiente que emita dictamen fundado sobre el grado de cumplimiento de las normas aplicables”.
“La presentación se enmarca en el ejercicio de la función de control que la Constitución Provincial confiere a la Legislatura, con el objetivo de contar con información oficial, completa y documentada sobre el estado de las habilitaciones, controles e instrumentos ambientales vigentes en una instalación industrial emplazada en zona urbana densamente poblada”, dice Austin.
La legisladora pedirá el tratamiento sobre tablas del proyecto en la sesión que tiene prevista la Legislatura este jueves.
A la vez, la legisladora radical presentó un pedido de informes en el que solicita información completa y documentada al Ministerio de Seguridad sobre inspecciones realizadas por la Dirección de Bomberos durante los años 2024, 2025 y 2026.
Además, el pedido contempla datos actualizados del certificado de habilitación vigente, las observaciones técnicas formuladas y el cumplimiento de eventuales intimaciones o plazos de adecuación.
De cara a que la planta cuenta con un almacenamiento permanente de sustancias inflamables o potencialmente explosivas, también se pretende conocer los criterios aplicados en la evaluación técnica de los sistemas de prevención.
“Hay que considerar el antecedente del estallido en 2014 de Química Raponi, el depósito de materiales inflamables ubicado a 500 metros del predio de Dioxitek. Hoy, la planta en cuestión cuenta con una cantidad 10 veces mayor a la de su ex-vecina”, recupera Austin.
A la Secretaría de Ambiente se solicitó dar cuenta del estado administrativo del Plan de Gestión Ambiental de la planta ubicada en Alta Córdoba.
Contempla también el detalle de planes de contingencia ambiental frente a derrames o incidentes y el rol activo de monitoreo de posibles emanaciones que pudieran afectar la salud de las personas en las cercanías.
Además, el pedido incluye la especificación de las inspecciones realizadas en los últimos tres años, y las observaciones técnicas vinculadas al almacenamiento de sustancias peligrosas.
Esta reunión podría haber sido un email. El dicho se hizo literal este jueves lluvioso y con un edificio de Tribunales federales afantasmado por el paro general que tuvo entre los empleados judiciales de la Nación fuerte adhesión.A las 9 estaba citada la audiencia y a las 9.02 se suspendió. Las dos partes, por motivos diferentes, habían pedido que se reprograme, puesto que era un resultado cantado que no iba a salir de esta reunión nada resolutivo, muy diferente a la expectativa que existía hasta antes de la publicación de la investigación de La Voz que develó deficiencias de medidas de seguridad contra incendios y al menos dos incidentes de diseminación de material potencialmente peligroso no reportados a la población. “Atento las razones invocadas, suspéndase la audiencia fijada para el día de la fecha. Líbrese oficio a la Autoridad Regulatoria Nuclear, a la Comisión Nacional de Energía Atómica, a la Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia de Córdoba, a la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba a los fines solicitados”, dice la resolución firmada por la secretaria del Juzgado, Regina Uriburu.La funcionaria explicó a La Voz que recién se acordará la fecha de una nueva audiencia cuando se presenten estos documentos, que fueron pedidos como condición para proseguir las conversaciones en torno a una extensión de ocho años del permiso precario para operar en la ciudad por los abogados del municipio capitalino.Lo que no tomó el Juzgado es el plazo perentorio que solicitó la Municipalidad: 24 horas, con advertencia de hacer cesar la actividad de la planta si no se remiten los documentos que pongan en negro sobre blanco las condiciones de seguridad del proceso de fabricación del combustible nuclear, así como las habilitaciones de Bomberos y el okey de la Secretaría de Ambiente de la Provincia al plan de gestión de residuos peligrosos.El pedido de los abogados del municipio dice, en forma textual: “Requiera de manera urgente a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN); a la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea); a la Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia de Córdoba; a la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, y a toda otra autoridad competente, informes técnicos sobre la fiscalización y el monitoreo sobre la gestión de la planta Dioxitek y el pasivo ambiental contingente en el sector denominado ‘el chichón’, dando cuenta de los resultados de auditorías, informe de episodios y eventos críticos, estado actual de la planta, sistemas de gestión actual de residuos radiactivos y peligrosos, empresas y terceros contratados para la gestión de las distintas etapas de la producción, consultorías realizadas, autoridades auditoras, resultados de informes de impacto ambiental y radiológico y todo otro dato de interés, ello en el plazo de 24 horas, bajo apercibimiento de ordenar la suspensión de las actividades de la planta sobre la base de los principios preventivo y precautorio”.Los abogados municipales escribieron en su pedido al juez que “resulta fundamental requerir a las autoridades competentes en materia radiológica (ARN) informes técnicos especializados que den cuenta de la situación actual de la mencionada planta y los procesos productivos allí desarrollados; incidentes o eventos críticos anoticiados; resultados de auditorías ambientales/radiológicas; sistemas de gestión de residuos peligrosos y radiactivos conforme a las leyes vigentes; como también a toda autoridad encargada del monitoreo y fiscalización de las actividades de Dioxitek, incluido también el monitoreo, la fiscalización y gestión de los desechos radiactivos localizados en el sector denominado ‘el chichón’ de Alta Córdoba a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica”. También se pidió que se oficie a la Dirección de Bomberos y a la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía para que informen cuál es la situación de la empresa frente a ellos. La Voz informó que la empresa no cuenta con habilitación de Bomberos ni presentó su plan de gestión ambiental -con foco en residuos peligrosos- en Ambiente de la Provincia.Dioxitek funciona desde 1983 en un predio ubicado en una zona residencial que linda con barrio Alta Córdoba y Villa El Nylon. En 1985 se sancionó la ordenanza 8.133, que establece la normativa de uso de suelo en la ciudad y prohíbe la actividad industrial que desarrolla Dioxitek en todo el ejido capitalino. Desde esa fecha, se acuerdan prórrogas y habilitaciones precarias, con un hito en 2014 con la clausura de la fábrica.Piden un estudio independienteLa legisladora radical Brenda Austin presentó un proyecto de resolución en el que insta al Poder Ejecutivo a que, mediante los organismos competentes en materia de seguridad industrial y prevención de incendios, verifique de manera inmediata las condiciones actuales de funcionamiento del establecimiento y exija las adecuaciones correspondientes conforme a la normativa vigente. Lo más novedoso es que Austin también propone “la realización de una evaluación técnica externa e independiente que emita dictamen fundado sobre el grado de cumplimiento de las normas aplicables”.“La presentación se enmarca en el ejercicio de la función de control que la Constitución Provincial confiere a la Legislatura, con el objetivo de contar con información oficial, completa y documentada sobre el estado de las habilitaciones, controles e instrumentos ambientales vigentes en una instalación industrial emplazada en zona urbana densamente poblada”, dice Austin.La legisladora pedirá el tratamiento sobre tablas del proyecto en la sesión que tiene prevista la Legislatura este jueves.A la vez, la legisladora radical presentó un pedido de informes en el que solicita información completa y documentada al Ministerio de Seguridad sobre inspecciones realizadas por la Dirección de Bomberos durante los años 2024, 2025 y 2026.Además, el pedido contempla datos actualizados del certificado de habilitación vigente, las observaciones técnicas formuladas y el cumplimiento de eventuales intimaciones o plazos de adecuación. De cara a que la planta cuenta con un almacenamiento permanente de sustancias inflamables o potencialmente explosivas, también se pretende conocer los criterios aplicados en la evaluación técnica de los sistemas de prevención.“Hay que considerar el antecedente del estallido en 2014 de Química Raponi, el depósito de materiales inflamables ubicado a 500 metros del predio de Dioxitek. Hoy, la planta en cuestión cuenta con una cantidad 10 veces mayor a la de su ex-vecina”, recupera Austin.A la Secretaría de Ambiente se solicitó dar cuenta del estado administrativo del Plan de Gestión Ambiental de la planta ubicada en Alta Córdoba. Contempla también el detalle de planes de contingencia ambiental frente a derrames o incidentes y el rol activo de monitoreo de posibles emanaciones que pudieran afectar la salud de las personas en las cercanías.Además, el pedido incluye la especificación de las inspecciones realizadas en los últimos tres años, y las observaciones técnicas vinculadas al almacenamiento de sustancias peligrosas. La Voz
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