El valor de la denuncia por delitos sexuales
La Iglesia Católica ha quedado otra vez en el centro de una controversia a raíz de la denuncia que pesa sobre un sacerdote de la congregación Virgen de Schoenstatt de la ciudad de Córdoba, por presunto abuso sexual en perjuicio de una mujer de 46 años.
La polémica no está exenta de conmoción y repulsa social, en razón de un episodio que, aunque todavía en etapa de investigación, vuelve a proyectar una mancha oscura sobre una institución con millones de fieles en todo el mundo.
El propio papa Francisco ha expresado en homilías su desazón por la recurrencia de estos sucesos de abusos cometidos por eclesiásticos de distinta jerarquía. El Pontífice llegó a admitir que la Iglesia Católica “está herida por su pecado”.
El caso que nos ocupa –y del que venimos informando en nuestras páginas– tiene que ver con la detención, el pasado 9 de noviembre, del sacerdote Patricio Cruz Viale, párroco de la iglesia de la citada congregación, ubicada en barrio Alto Palermo, en lo que se conoce como “la subida del Cerro”.
La imputación fiscal derivada de la denuncia de la mujer presuntamente ultrajada y de los peritajes preliminares no es menor: “abuso sexual ultrajante”, que Cruz Viale habría perpetrado en su despacho de la parroquia luego de una misa.
Lo primero que emerge como acciones indispensables y sin apañar a nadie son las investigaciones que se tramitan en el fuero judicial y en el ámbito de la propia Iglesia, que, como venimos informando, ya había receptado el testimonio de la mujer que dijo haber sido abusada sexualmente por el cura.
Con todo, no se conoce de manera fehaciente que se hubiera activado una pesquisa previa bajo la tutela del Arzobispado de Córdoba.
La otra cuestión por destacar en este entramado de atropellos y de aprovechamientos indignos (en la historia del lado oscuro de la Iglesia no sólo se suman como damnificados personas mayores, sino también niños, niñas y adolescentes) tiene que ver con la voluntad de presentar las denuncias en la Justicia, de modo de sancionar a los responsables y de difundir estas prácticas abyectas para que sean erradicadas.
Lo llamativo del religioso detenido radica en que, pese a tener antecedentes en materia de denuncias por comportamientos dudosos y por abusos, continuaba en actividad pastoral como si nada lo comprometiera.
Basta mencionar que Cruz Viale estuvo un tiempo en condición de recluido en un centro de retiro de Guadalajara, México, reservado para curas acusados de delitos sexuales, entre otros.
Es de destacar que no existen aún pruebas irrefutables que indiquen la culpabilidad del sacerdote, pero hay que poner el foco en la necesidad de formalizar en la Justicia las denuncias de estos casos que sacuden a la Iglesia a escala global.
Los delitos de abuso sexual, entendidos como de los más deleznables actos ultrajantes, deben ser sancionados con todo el peso de la ley. Y vale la reiteración: ya no sólo en el ámbito cerrado de la Iglesia.
