Mejora la macroeconomía y empeora la micro
El Gobierno nacional se aferra a datos macroeconómicos para justificar los logros de su plan: superávit fiscal, baja de la inflación y del riesgo país, éxito en el blanqueo de capitales, crecimiento de las reservas del Banco Central. Todo ello es comprobable y destacable luego del desorden recibido por el actual gobierno. Sin embargo, un vasto sector de la sociedad no se beneficia de ese cuadro positivo y lo que registra es que su situación ha empeorado.
Un reciente informe del Centro de Almaceneros de Córdoba, elaborado a partir de 2.500 encuestas a jefas y jefes de hogar en el ámbito provincial, detecta que cada vez son más los hogares que enfrentan problemas serios para cubrir sus necesidades de alimentación.
La entidad advierte que “la desaceleración inflacionaria no está teniendo efecto sobre las condiciones sociales de las familias. Contrariamente a lo esperado, no sólo no se han observado mejoras significativas, sino que algunos indicadores han experimentado un deterioro preocupante en los últimos meses, mientras otros se han estancado en un nivel crítico”.
Los números son críticos. En octubre, tres de cada cuatro familias cordobesas accedieron a los alimentos básicos con algún tipo de ayuda estatal, como la asignación universal por hijo o la tarjeta Alimentar.
Redondeando, el 58% de las familias tuvo dificultades para acceder a una canasta mínima de alimentos, y en casi la mitad de los hogares (49%) algún integrante suprimió una comida por razones estrictamente económicas.
Nueve de cada 10 hogares financiaron la compra de alimentos a través del fiado (42%), del uso de tarjetas de crédito (37%) o de préstamos de familiares o de amigos (10%).
Esta realidad se vive en muchos barrios. No hablamos del movimiento en las grandes cadenas de súper e hipermercados, sino de lo que pasa en almacenes, despensas y autoservicios de barrio, donde se palpa la crisis socioeconómica con mayor detalle.
Una crisis, por cierto, que repercute en forma negativa sobre las ventas: el mes pasado los almaceneros vendieron casi 25% menos que en octubre de 2023.
En los estudios del Indec y de distintos organismos especializados, la mitad de los argentinos se encuentra por debajo de la línea de pobreza. La canasta básica total para una familia tipo ya superó con creces la simbólica barrera del millón de pesos. La licuación de salarios, jubilaciones y planes sociales que instrumentó el Gobierno nacional provocó no sólo una significativa pérdida del poder adquisitivo, sino, además, un inquietante efecto secundario: el cuentapropista, el empleado informal, quien vive de changas, todos ellos tienen menos ingresos que hace un año.
Mientras en algunos sectores formales de la economía la actividad parece haber tocado un piso y rebotado levemente, en otros, algunos incluso formales, la situación sigue agravándose.
Estamos, entonces, frente a dos Argentina. El Gobierno se refiere en su discurso sólo a una de ellas: esa que le permite darse la razón. La otra queda relegada al discurso de la oposición, que la esgrime para deslegitimar al Gobierno.
Lo que necesita el país es un programa económico que haga posible un desarrollo sostenible que reduzca al mínimo posible la pobreza y las desigualdades actuales.
